Acuerdo eliminó la "acción de oro" y Katoen Natie podría lograr el 100% del paquete accionario
La abogada de los legisladores que denunciaron el acuerdo con la empresa belga dijo que denunciaron a funcionarios del gobierno por el delito de abuso de funciones.
El fiscal Gilberto Rodríguez deberá estudiar si las autoridades de gobierno que alcanzaron el acuerdo con la empresa belga Katoen Natie incurrieron en el delito de abuso de funciones.
La abogada de los denunciantes del acuerdo -el Frente Amplio presentó denuncia en 2021-, Laura Robatto dijo a Radio Fénix y 25siete que tras las audiencias de este martes se pueden concluir que el firmado es un “acuerdo que es muy perjudicial para el Puerto de Montevideo” y recordó que la empresa belga “amenazó con un juicio que ni siquiera había iniciado al tiempo que si eventualmente Uruguay lo hubiera perdido terminaría pagando unos 500 millones de dólares mientras que la empresa Katoen Natie se estima logró un valor -tras habérsele otorgado exclusividad en la operativa- de 2.300 millones de dólares”.
Acerca de las declaraciones del prosecretario de la Presidencia Rodrigo Ferrés quien dijo “estar orgulloso” del acuerdo realizado entre el gobierno y la empresa Katoen Natie, la abogada de los denunciantes indicó que “estar orgulloso o no es un tema personal” y añadió que “tratan de apoyarse en ilegalidades para tratar de justificar un acuerdo sin prácticamente regulación y que termina instaurando un monopolio privado”.
Robatto dijo que ya está en conocimiento de Fiscalía la declaración de directores de la Administración Nacional de Puertos, tanto de Cabilido Abierto como del Frente Amplio, que indicaron que “se enteraron de este acuerdo por la prensa” y recordó que “el departamento de jurídica de la ANP también había rechazado el reclamo de Katoen Natie”.
Robatto se refirió a la llamada "acción de oro" que con el acuerdo la terminan eliminando y que permitía hasta ahora que la ANP se opusiera a las inversiones. Esta claúsula hay que analizarla junto con otro anexo del acuerdo que podría llevar a que se licuara ese 20% de la ANP en la Terminal Cuenca del Plata y terminar teniendo la empresa Katoen Natie el 100% del paquete accionario.
Se basan todo el tiempo en tratar de comparar con una situación anterior y eso no justificaría el delito de abuso de funciones que, según la denuncia, incurrieron los funcionarios del Poder Ejecutivo.
El Poder Ejecutivo -dijo Robatto- indica que es la ANP la que debe participar en el acuerdo y no el directorio, desconociendo totalmente la teoría del órgano: cuando un servicio descentralizado se manifiesta lo hace a través del directorio del organismo.
Consultada sobre si cree que la opinión pública conoce el tema del acuerdo entre el gobierno y la empresa privada belga, Robatto dijo que “no sé hasta qué punto se sabe las consecuencias de este acuerdo porque es un tema muy técnico” y en definitiva lo cierto es que “el sistema de preferencia que el gobierno dice haber acordado termina siendo monopolio privado desregulado. Entre las cláusulas se agrega -continuó- que no se podrá llamar a una segunda terminal especializada si no se logra colmar el 85% de la capacidad de respuesta de TCP durante dos años consecutivos”.
