América Latina: muchos desaparecidos, pocos expertos forenses
Actualizado: 17 sept 2020
Entrevista exclusiva con Derek Congram, experto forense del Comité Internacional Cruz Roja.
Derek Congram nació en Canadá, es antropólogo y arqueólogo forense. Desde 2017 es Coordinador Forense del Comité Internacional Cruz Roja (CICR) en Colombia. Antes de su actual destino en Bogotá, donde vive con su familia, Congram ha vivido, estudiado y trabajado en países muy diferentes, como la antigua Yugoslavia (Bosnia, Serbia, Kosovo, Croacia), Irak, Japón, la República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Costa Rica, Colombia, Vietnam, los EEUU (Alaska, Hawái) y su Canadá natal
El experto dialogó con 25siete sobre su trabajo y el de CICR en Colombia, país marcado por la violencia política, a la que se sumó la pandemia de COVID-19 que afectó a ese país como a pocos en el mundo.
- ¿Cuál es la misión tiene el CICR en Colombia? ¿Cuáles son sus tareas específicamente?
- El CICR es una organización humanitaria, independiente, neutral e imparcial, cuyo mandato consiste en la protección y asistencia a las víctimas de los conflictos armados y otras situaciones de violencia. En la unidad forense que coordino en Colombia, desarrollamos principalmente dos actividades. La primera es la capacitación de funcionarios públicos de distintas instituciones, entre las que se encuentran la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Esta capacitación tiene varios objetivos, uno de ellos es promover las buenas prácticas en la investigación de personas desaparecidas y la identificación humana con enfoque humanitario, así como fomentar la formación forense dentro de la academia. Aunque en América Latina miles de personas han desaparecido a causa del conflicto y la violencia armada, y en medio del fenómeno de migración, existen en la región muy pocos programas con enfoque forense dentro de la academia. Esto resulta incomprensible pues las universidades tienen una clara responsabilidad social en este sentido. Si bien algunos estados han asumido sus responsabilidades para investigar, todavía falta que haya un mayor número de personas formadas en la teoría y en la práctica de investigación forense; además, muchas agencias estatales no tienen recursos dedicados a la investigación, por ejemplo, para el desarrollo de nuevos métodos. En este sentido es importante fomentar alianzas entre los entes estatales encargados de la investigación y las universidades.
Otras actividades, que desarrollamos de manera más operacional, se relacionan con el Acuerdo de Paz. Durante las negociaciones, el gobierno colombiano y las FARC-EP llegaron a un acuerdo para la búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas, marcado por el Comunicado Conjunto 62 del 2015. Este acuerdo permite que la FARC entregue información sobre la suerte y el paradero de personas desaparecidas, incluyendo los sitios de entierro, y que el CICR haga la recuperación de los restos de los fallecidos para que sean identificados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Es un proceso extrajudicial y humanitario. Dentro del Acuerdo de Paz, el CICR está nombrado para acompañar a la nueva Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Tenemos un convenio con ellos y trabajamos para apoyarlos en la misión humanitaria y extrajudicial que tienen que resolver los casos de las personas desaparecidas. Así, el equipo forense del CICR (somos 5 personas, cuatro colombianas y yo), gastamos mucho tiempo dedicado a la investigación previa de los desaparecidos, la prospección y excavación de fosas, aunque esta actividad está muy limitada por la situación actual. Para la delegación del CICR en Colombia la búsqueda de las personas desaparecidos es una prioridad.
- ¿De qué manera ha impactado la pandemia en su trabajo personal y en el de CICR?
- Las restricciones que se han implementado para controlar el contagio del COVID-19 no nos ha permitido estar tanto en el terreno como ocurre normalmente. Sin embargo, en el contexto actual el trabajo ha aumentado, porque a nivel forense hemos apoyado a las autoridades con el manejo de los cuerpos de personas fallecidas por COVID-19. En Colombia hemos donado siete contenedores refrigerados para acomodar los cadáveres, controlar su manejo, y evitar desapariciones administrativas. Además, hemos donado equipos de protección personal a instalaciones de Medicina Legal, a morgues de hospitales, centros funerarios y cementerios. Nuestro enfoque siempre está en las zonas afectadas por conflicto armado y otras situaciones de violencia, pero también incluyen otras poblaciones más vulnerables como los migrantes. Como muchos, hemos hecho la transición al teletrabajo, y hay ventajas y desventajas. Pero estamos saliendo al terreno más ahora con la diminución de los casos activos y del contagio.
La adaptación es algo que ha tomado muchas formas. En la primera semana de mayo, el CICR, siendo nombrado para acompañar a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, organizó un trabajo colaborativo con la UBPD y ICMP (International Commission for Missing Persons, también en el Acuerdo de Paz para acompañar a la UBPD) para escribir orientaciones sobre el manejo de los cadáveres en los cementerios en el contexto actual del COVID-19. Esta iniciativa fue muy importante porque en los cementerios de Colombia hay muchísimos cuerpos no identificados, víctimas del conflicto, y a veces los lugares de entierro no están bien marcados. El estado tiene que investigar estos casos, exhumarlos, analizarlos, identificarlos y entregarlos a las familias para un entierro digno. Con el aumento de fallecidos por COVID-19, hubo un riesgo de mezclar los fallecidos de los dos contextos. Y, de hecho, en agosto, el primer caso ocurrió. En el municipio de El Copey, en el Departamento de Sucre, estaban abriendo fosas para el entierro de personas fallecidas por COVID-19 y desenterraron restos de fosas no marcadas. Afortunadamente reconocieron el problema y pararon de excavar en ese lugar y las autoridades abrieron una investigación. Anticipamos este tipo de problemas y estuvimos muy atentos, listos con orientaciones y un plan para apoyar a la UBPD y las otras autoridades en este caso.
Por otro lado, con las universidades compartimos el desafío de adaptar la capacitación al nuevo contexto, incorporando elementos virtuales. Hemos discutido este desafío dentro de un Grupo de Trabajo de formación forense que incluye académicos y funcionarios de agencias estatales. Hay buenos ejemplos en el país, como- la maestría en antropología con enfoque forense de la Universidad de Magdalena, en esta han organizado más de una decena de charlas virtuales con expertos nacionales e internacionales. Es un muy buen ejemplo que hemos adoptado hasta cierto nivel, pero una charla no es lo mismo que un curso.
- ¿Cómo es la situación de Colombia desde el punto de vista sanitario por COVID-19?
- Colombia figura como uno de los países más afectados en el mundo por número de casos (en sexto lugar, con más de 650,000 casos). Sin embargo, siempre hay que revisar críticamente las cifras. Han hecho más de 2.000.000 de pruebas en el país. Ya es un cliché, pero los países que no hacen pruebas, al parecer no tienen COVID-19 y sabemos que eso no es la verdad. Mas relacionado al trabajo de la unidad forense, lo más impresionante es algo que siempre promovemos en el contexto de emergencias: planes de contingencia y preparación. En febrero, el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia publicó la primera versión de orientaciones sobre el manejo de cadáveres de personas fallecidas por COVID-19; eso antes de tener fallecidos registrados por la enfermedad. Para mi es ejemplar. Ahora, la teoría y la práctica son dos cosas distintas. Pero la práctica también ha funcionado bien. En el Departamento de Norte de Santander, por ejemplo, hicieron al menos dos simulacros de manejo de cadáveres para prepararse, y solo ahora se presentaron algunos problemas, demoras en la recogida de unas personas que fallecieron en centros de detención o domicilios, y un par de casos en donde hubo problemas en la cadena de custodia. Pero, sobre todo, en Colombia no hemos visto problemas graves como en otros países relativo al manejo de cadáveres. En junio publicaron la quinta versión de las orientaciones sobre manejo de cadáveres y son muy buenas: pidiendo preparación de sitios de entierro con fosas individuales, comunicación activa con familiares de pacientes y fallecidos, llamando a las autoridades municipales a respetar la cosmogonía de las comunidades afrodescendientes e indígenas, y siempre manejando a los fallecidos de manera digna.
Ahora estamos observando un descenso en las cifras de fallecidos por COVID-19, acá hay que señalar además que las cifras diarias (268 el 5 de septiembre) incluyen los resultados de pruebas de fallecidos de días y semanas anteriores. El número verdadero de fallecidos en los últimos días es mucho menos de lo reportado. Sin embargo, seguimos atentos al panorama que se dé tras la disminución de las restricciones. En países de Europa y en Norteamérica vimos que, si se levantan las restricciones demasiado temprano, el contagio sube de nuevo. Se supone que estaremos luchando para controlar el contagio por al menos un año más, hasta que tengamos una vacuna y conozcamos mejor el virus, pero creo que ya hemos visto lo peor en Colombia. La mayor preocupación sigue estando en las zonas más afectadas por el conflicto y la violencia armada, porque en estos lugares no hay servicios de salud como en las ciudades grandes. La tasa de mortalidad en esos lugares es mucho más alta no solo por la violencia, sino también por el COVID-19.
- ¿Cuál es el rol de los profesionales forenses en el contexto de la pandemia en Colombia y en América Latina?
- Hay bastante variación en el continente, incluso dentro de Colombia. En principio, el Ministerio de Salud lo está manejando y lo están haciendo bien. Sin embargo, como hemos visto en otros países, no están necesariamente acostumbrados a manejar la parte de los fallecidos, que más bien es el terreno típico de los servicios forenses (ejemplo, en desastres naturales). En Colombia vimos una variación entre la teoría sobre responsabilidades y la práctica de servidores del Instituto Nacional de Medicina Legal, en algunas zonas dieron capacitaciones en el uso de equipo de protección personal y participaron en espacios de coordinación con otras entidades (ejemplo, funerarios, cementerios, morgues de hospitales, de Secretarías de Salud). Algo particular que las autoridades tuvieron que discutir fue cómo manejar los fallecidos en centros de detención. Normalmente por la ley, los forenses del Instituto Nacional de Medicina Legal deben realizar una autopsia a todos los que fallecen en centros de detención. Sin embargo, por tener que confrontar un virus nuevo, del cual no sabíamos mucho en los primeros meses del 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social en Colombia cambió un poco las orientaciones, diciendo que otros servidores de salud tendrían que recoger y manejar los fallecidos en este contexto. Los forenses en Colombia participaron en la planeación, anticipando cómo manejar números altos de cuerpos no identificados en las ciudades más grandes (ejemplo, migrantes, personas que viven en la calle). Hubo planes para centros transitorios donde se podían almacenar a cadáveres en contenedores refrigerados y controlar el paso del análisis, asegurar cadenas de custodia y evitar desapariciones. Al final, no fueron necesarios, pero este tipo de ejercicio es indispensable para estar listos para el peor caso, incluso para prepararse para otros momentos como desastres naturales donde habrá un número alto de fallecidos y cuerpos no identificados. Hay que evitar correr con procesos necesarios como la identificación científica, incluso cuando uno está confrontando algo como SARS CoV-2, un virus nuevo.
- ¿Qué reflexión y enseñanzas puede dejar la pandemia vivida en 2020?
- Hay muchas. Una de los más importantes es ser colaborativo y abierto en las comunicaciones entre países. Es una gran lástima que el virus ha tocado tan fuertemente a América Latina a pesar del tiempo que hubo para prepararse (ejemplo, mirando el impacto en China, Europa, y después Norteamérica). El CICR trabajó en los primeros meses con la Red Iberoamericana de Instituciones de Medicina Legal y Ciencias Forenses para facilitar intercambios de expertos de España y Nueva York para compartir lecciones aprendidas. Estoy seguro que evitamos varios errores por estas acciones, pero estoy igualmente seguro de que podemos hacerlo mejor. Con mejor investigación, colaboración y comunicación, podríamos evitar orientaciones innecesarias como la cremación de todos los fallecidos por COVID-19, la creencia errada sobre el riesgo de contagio de cadáveres, que, por ejemplo, provocó estigmatización contra trabajadores de cementerios.
Una enseñanza obvia y no nueva es que los estados tienen que dedicar recursos a la preparación, a planes de contingencia para este tipo de evento. Así se mitiga el impacto.
