Ampliaron denuncia penal: "Mintieron para entregarle el puerto a Katoen Natie"
Los trece senadores del Frente Amplio ampliaron la denuncia penal por la entrega del Poder Ejecutivo del puerto de Montevideo a la empresa belga por 60 años.
Los trece senadores del Frente Amplio presentaron una ampliación de la denuncia penal por el acuerdo entre el Poder Ejecutivo y la empresa belga Katoen Natie. En la denuncia ampliatoria que fue presentada por la bancada de senadores de la oposición al fiscal de Delitos Económicos, Ricardo Lackner, se indica que “en el Plan de Negocios de Katoen Natie del año 2001 queda demostrado que la tesis de la exclusividad o monopolio a favor de esa empresa fue una mentira que se utilizó para justificar un beneficio arbitrario”.
Los senadores explicaron que “se trata del punto más importante de la ampliación de denuncia porque es otra evidencia más de que los involucrados (los representantes del gobierno y la empresa KNG) jamás creyeron en los argumentos jurídicos que usaron para fundar la amenaza de juicio y la preferencia (esto es el monopolio) en favor de la terminal TCP”.
Los senadores presentaron la ampliación de denuncia ante el fiscal e indicaron que “esto no sólo muestra que no tienen razón, sino que además desde un principio fueron conscientes de que no tienen razón”.
Describieron que “el plan de negocios es uno de los documentos que se le exigía al comprador de las acciones serie A de TCP S.A. en el decreto de Régimen de Gestión de la Terminal. Katoen Natie tuvo que presentarlo por haber resultado mejor postor en la subasta del año 2001”.
Los trece senadores firmantes de la ampliación de la denuncia contra el acuerdo entre el Poder Ejecutivo y la empresa belga, relataron que “supimos de la existencia del documento después de presentada la denuncia penal”, e indicaron que “lo conocimos porque Montecon lo introdujo en su acción de nulidad ante el TCA, que es un expediente público. El documento se obtuvo efectuando una solicitud de acceso a la información pública a la ANP”, explican.
Documento revelador
En el escrito se indica que “el juicio con el que amenazó KNG se basaba en la afirmación de que en 2001 compró la concesión con la expectativa de que gozaría de una preferencia, prioridad o exclusividad (en realidad, monopolio) basada en el artículo 72 del Decreto 183/1994 y el reclamo era que esta preferencia nunca se hizo cumplir”.
Sin embargo, cuando KNG formuló en el año 2001 su Plan de Negocios, “no sólo 'olvidó' la existencia de esta ventaja comercial que multiplicaría el valor de su inversión, sino que además formuló sus proyecciones sobre la base de que debería competir en igualdad de condiciones con los operadores de los muelles públicos y con otras futuras terminales privadas, ya sean especializadas en contenedores o multipropósito”.
Los senadores de la oposición subrayaron que “mal puede ahora, 20 años después, pretender demandar al Estado por no haber hecho valer una preferencia que la propia empresa entendía que no existía, de acuerdo con el plan de negocios que elaboró al momento de adquirir la concesión”.
En el escrito de ampliación se estima que “este documento no podía ser desconocido por los negociadores de la empresa ni por los del gobierno, configura una prueba irrefutable más de que el acuerdo con la empresa KNG y los decretos que lo consolidan se redactaron a sabiendas de que el Estado no enfrentaba ningún riesgo de perder el litigio con el que se amenazaba y de que KNG siempre supo que el régimen legal consagra la libre competencia”.
Infieren que es evidencia de que los negociadores “sabían que estaban confiriendo beneficios ilegales millonarios a una empresa particular y perjuicios aún mayores para otros privados, para el Estado y para la economía nacional”.
El atraque de buques
Se presentaron tres recursos administrativos contra el Reglamento General de Atraque de Buques y contra el nuevo Régimen General de Gestión de la Terminal de Contenedores. El primero de ellos fue presentado por la empresa MONTECON, el segundo por la empresa Nobleza Naviera y el tercero por el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (SUPRA).
Los senadores del Frente Amplio indicaron que “esos expedientes no fueron informados por ninguno de los servicios jurídicos del Estado”. Hicieron hincapié en que “el solo hecho de permitir que se configure la denegatoria ficta configura una presunción simple en contra de la posición del Estado de cara a una posible acción de nulidad”.
Los senadores preguntan al fiscal Lackner, por qué ocurrió este extremo y entienden que “la ilegalidad de las decisiones es tan flagrante que los jerarcas involucrados optaron por incurrir en esta omisión, a sabiendas de que no es posible construir ningún argumento racional que las sustente”.
También denunciaron que tras el acuerdo “no sólo hay una preferencia (monopolio) en favor de la terminal TCP, sino también en favor de la terminal granelera TGM, propiedad de Obrinel S.A.”.
La ampliación de la denuncia relata además que “esto generó perjuicios a otra empresa, Nobleza Naviera SA, que actualmente está llevando adelante una acción de nulidad ante el TCA”. En el escrito presentado entregado en Fiscalía por los senadores del Frente Amplio, Mario Bergara y Charles Carreras, se añade que el 3 de febrero el gobierno de alguna manera intentó dejar sin efecto este monopolio "accidental", dictando un “decreto interpretativo” que dice que el artículo 11 sólo le da preferencia a las terminales de contenedores.
Sin embargo, el artículo 11, en su redacción original sigue vigente, y en ningún lado dice que la preferencia sólo abarque a las terminales de contenedores, por lo que no está claro si esto es suficiente para desactivar este otro monopolio.
Los legisladores entienden además que “el Poder Ejecutivo perfectamente pudo cambiar la redacción del artículo 11. ¿Por qué razón no lo hizo? Posiblemente -responden- porque el texto del reglamento de atraque fue agregado íntegramente como anexo del acuerdo y el gobierno no tiene claro hasta qué punto puede modificarlo sin pedirle autorización a KNG. Esto es otra evidencia de que los negociadores del gobierno delegaron potestades regulatorias que le competen en una empresa privada", se respondieron en la ampliación de denuncia.
Tema Montecon SA
Los legisladores indicaron que no tiene precedentes que el Ministerio de Economía revocara una resolución de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia que lo único que hace es iniciar una investigación a raíz de una denuncia, supuestamente por carecer de motivación.
La ampliación de la denuncia finaliza informando que “con esto se anuló todo lo que venía haciendo la comisión. El 1 de febrero la comisión retomó la investigación, y de los considerandos se desprende que no está de acuerdo con los argumentos utilizados por el MEF para dejar sin efecto lo que venía realizando. Los denunciantes indicaron “las actuaciones de la comisión sean remitidas a la Fiscalía”.
