• 25siete

#ArdientePaciencia - Suspendieron audiencia de formalización por los homicidios de Zelmar y el Toba

Adelanto de Geogina Mayo

La segunda causa judicial que investiga violaciones a los derechos durante la dictadura bajo el Código de Proceso Penal actual se suspendió, porque la defensa de los cinco militares imputados por los homicidios de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, en Buenos Aires, presentó una excepción de inconstitucionalidad contra la ley interpretativa de la Ley de Caducidad, N°18.831.


La Suprema Corte de Justicia será ahora la que resuelva sobre el recurso presentado por las defensas de Gilberto Vázquez, Ricardo Arab, Ricardo Medina, Ernesto Ramas y Jorge Silveira.


A fines de agosto pasado el fiscal Ricardo Perciballe imputó a los cinco oficiales, además, por la desaparición forzada de Manuel Liberoff y la supresión de identidad de Macarena Gelman y Mariana Zaffaroni, entre otros crímenes de lesa humanidad.


El 27 de agosto el periodista de Brecha y Tv Ciudad Mauricio Pérez adelantó la decisión del fiscal.

En su solicitud de formalización de las imputaciones contra los cinco oficiales, al que tuvo acceso 25siete, se indica que en octubre de 2020 el fiscal Perciballe recibió la denuncia de Gabriela Schroeder Barredo por la privación de libertad contra ella y sus hermanos María Victoria y Máximo Fernando, quienes tenían 4 años, 18 meses y 3 meses de edad.


Además, la hija de Rosario Barredo e hijastra de William Whitelaw pidió se investigaran los autores materiales de sus homicidios perpetrados junto a los de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. También recibió la denuncia Benjamin Liberoff para que se investigara la muerte de su padre que nunca había sido investigada.


El fiscal consigna que en la Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha noviembre de 2020, de Supervisión de cumplimiento de la sentencia Gelman c/ Uruguay, nuestro país fue nuevamente observado como lo informara en enero 25siete.


En la resolución de la Corte Interamericana se conmina al Estado uruguayo a investigar la desaparición forzada de María Claudia Garcia,y la de María Macarena Gelman, esta última como consecuencia de "la sustracción, supresión y sustitución de identidad, así como de los hechos conexos”.


Además, en mayo pasado se presentaron por escrito ante la Fiscalía especializada Marcos, Rafael, Elisa y Cecilia Michelini Delle Piane (hijos de Zelmar Michelini Guarch) y Facundo, Magdalena, Mateo y Juan Pablo Gutiérrez Rodríguez (hijos de Héctor Gutiérrez Ruiz), a solicitar que se investigara quiénes fueron los autores materiales de las muertes de sus padres en Buenos Aires en mayo de 1976.


Las denuncias se conjuntaron en una causa, explicó el fiscal Perciballe, porque “el contexto represivo era uno”. Se trata, agregó el fiscal, del mayor magnicidio de la historia de nuestro país.


No prescribió

El fiscal Perciballe describió que las normas internacionales aprobadas por nuestro país, así como del cúmulo de resoluciones y declaraciones de Naciones Unidas al momento de cometidos los homicidios y desapariciones, eran ya considerados crímenes de Lesa Humanidad.


En su pedido de formalización, el fiscal Perciballe describió el contexto de la represión en Uruguay, la disolución de las Cámaras por parte del expresidente Juan María Bordaberry -condenado en 2006-, y describió además los distintos organismos del Estado se dedicaron durante toda la dictadura a recolectar información y aún a la detención de personas. Estos organismos -como el SID, FUSNA y OCOA- se dedicaban a interrogar, “intercalando con torturas para luego, en caso de sobrevivir, ser puestas a disposición de la justicia militar”.


El SID tenía competencia nacional y también alcanzaba al exterior, por lo que sus agentes operaron en otros países y en especial en Buenos Aires donde tuvieron bases operativas en conjunto con las fuerzas represivas de ese país.


El fiscal describe que parte del trabajo burocrático en dictadura consistió en la creación de fichas patronímicas de todas aquellas personas sospechosas de atentar contra la seguridad nacional. “En el marco de la investigación y fruto del encuentro de distintos archivos (Archivo Berrutti, de la DNII, del FUSNA etc) se pudo acceder a algunos de tales memorandos, los que forman parte de la imputación”, indica el fiscal.


Acerca de la detención y posterior ejecución de la pareja Rosario Barredo/William Whitelaw y la privación de libertad de Gabriela María Schroeder Barredo, María Victoria y Máximo Fernando Barredo, el fiscal indica que el 13 de mayo de 1976, siete días antes de sus homicidios y privación de libertad, los oficiales argentinos allanaron toda la casa en busca de dinero y objetos de valor, así como a dañar parte de los bienes que no se llevaron.


En las paredes del comedor de la casa -con tinta de distintos colores- escribieron consignas contrarias al pensamiento de los detenidos. En ellas consignaron “10x1 no va a quedar ningún zurdo”, “zurdos cobardes den la cara que por más que la escondan los vamos a encontrar igual”, “Pasaremos el rastrillo y no quedará uno vivo”, “Paredón al zurdaje” y “Tupas traidores los vamos a llenar de bronces”.


Los cadáveres de Rosario Barredo y William Whitelaw, junto al de los legisladores Zelmar Michelini y Hector Gutierrez Ruiz, fueron encontrados a las 21:15 horas del día 21 de Mayo de 1976 en el interior del automóvil marca Torino N° B 1.227.508 propiedad de Pelideo Rosa.


Dicho vehículo había sido sustraído mediante violencia con armas de fuego por un grupo de personas que se desplazaba en un automóvil marca Torino de color verde el día 20 de mayo a la hora 17:45 en circunstancias en que Rosa transitaba por la Avenida Panamericana en la intersección con Camino de Cintura al Oeste. Para ello, fue encerrado por el auto Torino verde y obligado a detener la marcha y, mediante amenazas con armas de fuego, le sustrajeron el automóvil.


El vehículo con los cuatro cadáveres fue ubicado en la intersección de las avenidas Dellepiane y Perito Moreno de Capital Federal. Dentro del vehículo se encontró un panfleto con el logo del Ejército Revolucionario del Pueblo que expresaba “AJUSTICIAMIENTO A LOS TRAIDORES Parte de Guerra. El 20 de mayo a las 21 hs. la Unidad “JUAN DE OLIVERA” de nuestro Ejército Revolucionario del Pueblo procedió a justiciar, a requerimiento del Comité Central del Movimiento de Liberación “Tupamaros” a WILLIAM ALLEN WHITELAW, ROSARIO BARREDO, ZELMAR MICHELINI y HECTOR GUTIERREZ RUIZ por ser los responsables de la escisión producida en el MLN (T) con su actitud contra revolucionaria y pequeño burguesa. Los ajusticiados formaban la dirección en Buenos Aires de la fracción “NUEVO TIEMPO” y con su tarea entorpecían la solidaridad revolucionaria que requiere el enfrentamiento a las dictaduras que padecen nuestros países. Este ajusticiamiento, efectuado dentro del marco de unidad que establece la Junta de Coordinación Revolucionaria debe servir de ejemplo a todos aquellos que pretendan alejarse del camino que cuestione la guerra contra las dictaduras asesinas de Uruguay, Chile, Argentina y Bolivia.. MUERTE A LOS TRAIDORES! ¡NINGUNA TREGUA A LOS EJÉRCITOS OPRESORES! ESTADO MAYOR CENTRAL E.R.P. ¡A VENCER O MORIR POR LA ARGENTINA! EJERCITO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO”.

Acerca de la detención y posterior ejecución de los legisladores Zelmar Michelini y Hector Gutierrez Ruiz, como parte del contexto previo, el fiscal describió cómo los fueron vigilados, así como que el ministerio de Relaciones Exteriores remitió una nota al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, dando cuenta que el pasaporte de Michelini había sido cancelado. De esta forma, el viaje programado por el Senador quedó sin efecto.


En la madrugada de 18 de Mayo de 1976 un comando fuertemente armado se constituyó en el Hotel Liberty y procedió a estacionar varios vehículos por la avenida Corrientes. El pedido de formalización relata que irrumpieron en la habitación de Michelini preguntaron por él y le expresaron “Zelmar te venimos a buscar, te llegó tu hora”. En el lugar se encontraban sus hijos Zelmar y Luis Pedro. a quienes obligaron a tapar sus rostros con frazadas. Michelini no opuso resistencia y solicitó que le permitieran vestirse y retirar sus medicamentos.


La búsqueda del legislador del Partido Nacional Héctor Gutiérrez Ruiz implicó un operativo similar. El fiscal consigna que dieron fuertes golpes en la puerta para que abrieran la puerta del departamento donde vivía Gutiérrez con su esposa Matilde Rodríguez Larreta. No obstante, un personaje muy corpulento que las víctimas identifican como Paqui Forese, la derribó.


Magdalena y Juan Pablo, hijos de Gutierrez Ruiz, además de reconocer a Osvaldo Forese (alias Paqui), también reconocieron a Anibal Gordon, como quien comandaba el operativo y portaba una pistola con la que amenazaba a su madre.

Los responsables para la fiscalía

El fiscal Perciballe indicó que “resulta obvio que sobre los hechos que nos ocupan no existen testigos presenciales y que tampoco existen (o si los hay se encuentran guardados a cal y canto) documentos que consignen cómo se fraguó el plan y quién o quiénes lo ejecutaron. Por tanto, a los responsables llegamos mediante inferencias que se extraen del testimonio de las víctimas, de los documentos a los que se pudo acceder y del modus operandi desplegado en los diversos operativos que fueran tomados en consideración”.


Si se analiza en conjunto cada testimonio, cada documento relacionado, los oficiales que surgen mencionados y los centros clandestinos a los que fueron trasladados los sobrevivientes, se verá que todos refieren a los mismos organismos involucrados. Y a partir de éstos se puede conocer a los responsables”.


Si bien en el caso de Washigton Barrios y Manuel Liberoff todo hace pensar que corrieron igual suerte que las restantes víctimas, nadie puede soslayar que en dicho caso se ha dado una múltiple afectación de bienes jurídicos, una mayor mortificación a las familias de las víctimas y aún de la sociedad toda que espera una respuesta sobre su destino. La desaparición forzada se caracteriza como delito permanente, por lo que si los restos de la víctima no aparecen el reato se perpetua hasta el presente.


En su pedido de formalización, el fiscal solicitó que se ordene la detención internacional con miras de extradición de Pedro Antonio Mato Narbondo y de Manuel Juan Cordero Piacentini por su responsabilidad en los homicidios de Zelmar Raúl Michelini Guarch, Hector Gutierrez Ruiz, Rosario del Carmen Barredo Longo,William Alen Whitelaw Blanco, Telba Petrolina Juarez Beliz, Eduardo Efraín Chizzola Cano y Hugo Gomensoro Josman.

Asimismo, por la desaparición forzada de Manuel Liberoff Peisajovich.


Dable es resaltar que Manuel Cordero fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1, la causa denominada Cóndor. El fiscal aclaró que esa condena no incluyó los delitos referenciados supra.


De cinco imputados, Ricardo Arab y Ernesto Ramas cumplen prisión domiciliaria en tanto Gilberto Vázquez se encuentra internado en el Hospital Militar.

Publicación original: 09/09/2021

























La segunda causa judicial que investiga violaciones a los derechos durante la dictadura bajo el Código de Proceso Penal actual, se suspendió porque la defensa de los cinco militares imputados por los homicidios de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, en Buenos Aires, presentó una excepción de inconstitucionalidad contra la ley interpretativa de la ley de Caducidad, N°18.831.


La Suprema Corte de Justicia será ahora la que resuelva sobre el recurso presentado por las defensas de Gilberto Vázquez, Ricardo Arab, Ricardo Medina, Ernesto Ramas y Jorge Silveira.


A fines de agosto pasado el fiscal Ricardo Perciballe imputó a los cinco oficiales, además, por la desaparición forzada de Manuel Liberoff, la supresión de identidad de Macarena Gelman y Mariana Zaffaroni, entre otros crímenes de lesa humanidad.

El 27 de agosto el periodista de Brecha y Tv Ciudad Mauricio Pérez adelantó la decisión del fiscal.


En su solicitud de formalización de las imputaciones contra los cinco oficiales al que tuvo acceso 25siete se indica que en octubre de 2020, el fiscal Perciballe recibió la denuncia de Gabriela Schroeder Barredo por la privación de libertad contra ella y sus hermanos María Victoria y Máximo Fernando quienes tenían 4 años, 18 meses y 3 meses de edad.


Además, la hija de Rosario Barredo e hijastra de William Whitelaw pidió se investigaran los autores materiales de sus homicidios perpetrados junto a los de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. También recibió la denuncia Benjamin Liberoff para que se investigara la muerte de su padre que nunca había sido investigada.


El fiscal consigna que en la Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha noviembre de 2020, de Supervisión de cumplimiento de la sentencia Gelman Vs. Uruguay, nuestro país fue nuevamente observado como lo informara en enero 25siete.


En la resolución de la Corte Interamericana se conmina al Estado uruguayo a investigar la desaparición forzada de María Claudia Garcia,y la de María Macarena Gelman, esta última como consecuencia de la sustracción, supresión y sustitución de identidad, así como de los hechos conexos”.


Además, en mayo pasado se presentaro por escrito ante la Fiscalía especializada Marcos, Rafael, Elisa y Cecilia Michelini Delle Piane (hijos de Zelmar Michelini Guarch) y Facundo, Magdalena, Mateo y Juan Pablo Gutiérrez Rodríguez (hijos de Héctor Gutiérrez Ruiz) a solicitar que se investigara quiénes fueron los autores materiales de las muertes de sus padres, en Buenos Aires en mayo de 1976.


Las denuncias se conjuntaron en una causa, explicó el fiscal Perciballe, porque “el contexto represivo era uno”. Se trata, agregó el fiscal, del mayor magnicidio de la historia de nuestro país.


No prescribió

El fiscal Perciballe describió que las normas internacionales aprobadas por nuestro país, así como del cúmulo de resoluciones y declaraciones de Naciones Unidas al momento de cometidos los homicidios y desapariciones eran ya considerados crímenes de Lesa Humanidad.


En su pedido de formalización el fiscal Perciballe describió el contexto de la represión en Uruguay, la disolución de las Cámaras por parte del expresidente Juan María Bordaberry-condenado en 2006-, y describió además los distintos organismos del Estado se dedicaron durante toda la dictadura a recolectar información y aún a la detención de personas. Estos organismos-como el SID, FUSNA, OCOA- se dedicaban a interrogar “intercalando con torturas para luego en caso de sobrevivir ser puestas a disposición de la justicia militar”.


El SID tenía competencia nacional y también alcanzaba al exterior, por lo que sus agentes operaron en otros países y en especial en Buenos Aires donde tuvieron bases operativas en conjunto con las fuerzas represivas de ese país.


El fiscal describe que parte del trabajo burocrático en dictadura consistió en la creación de fichas patronímicas de todas aquellas personas sospechosas de atentar contra la seguridad nacional. “En el marco de la investigación y fruto del encuentro de distintos archivos (Archivo Berrutti, de la DNII, del FUSNA etc) se pudo acceder a algunos de tales memorandos, los que forman parte de la imputación”, indica el fiscal.


Acerca de la detención y posterior ejecución de la pareja Rosario Barredo/ William Whitelaw y la privación de libertad de Gabriela María Schroeder Barredo, María Victoria y Máximo Fernando Barredo, el fiscal indica que el 13 de mayo de 1976, siete días antes de sus homicidios y privación de libertad, los oficiales argentinos allanaron toda la casa en busca de dinero y objetos de valor, así como a dañar parte de los bienes que no se llevaron.


En las paredes del comedor de la casa -con tinta de distintos colores - escribieron consignas contrarias al pensamiento de los detenidos. En ellas consignaron “10x1 no va a quedar ningún zurdo” “zurdos cobardes den la cara que por más que la escondan los vamos a encontrar igual”, “Pasaremos el rastrillo y no quedará uno vivo” “Paredón al zurdaje” y “Tupas traidores los vamos a llenar de bronces”.


Los cadáveres de Rosario Barredo y William Whitelaw, junto al de los legisladores Zelmar Michelini y Hector Gutierrez Ruiz, fueron encontrados a las 21 y 15 horas del día 21 de Mayo de 1976 en el interior del automóvil marca Torino N° B 1.227.508 propiedad de Pelideo Rosa.


Dicho vehículo había sido sustraído mediante violencia con armas de fuego por un grupo de personas que se desplazaba en un automóvil marca Torino de color verde el día 20 de mayo a la hora 17.45 en circunstancias en que Rosa transitaba por Av. Panamericana en la intersección con Camino de Cintura al Oeste. Para ello fue encerrado por el auto Torino verde y obligado a detener la marcha y mediante amenazas con armas de fuego le sustrajeron el automóvil antes referenciado.

El vehículo con los cuatro cadáveres fue ubicado en la intersección de las avenidas Dellepiane y Perito Moreno (Capital Federal).


Dentro del vehículo se encontró un panfleto con el logo del Ejército Revolucionario del Pueblo que expresaba “AJUSTICIAMIENTO A LOS TRAIDORES Parte de Guerra. El 20 de mayo a las 21 hs. la Unidad “JUAN DE OLIVERA” de nuestro Ejército Revolucionario del Pueblo procedió a justiciar, a requerimiento del Comité Central del Movimiento de Liberación “Tupamaros” a WILLIAM ALLEN WHITELAW, ROSARIO BARREDO, ZELMAR MICHELINI y HECTOR GUTIERREZ RUIZ por ser los responsables de la escisión producida en el MLN (T) con su actitud contra revolucionaria y pequeño burguesa. Los ajusticiados formaban la dirección en Buenos Aires de la fracción “NUEVO TIEMPO” y con su tarea entorpecían la solidaridad revolucionaria que requiere el enfrentamiento a las dictaduras que padecen nuestros países. Este ajusticiamiento, efectuado dentro del marco de unidad que establece la Junta de Coordinación Revolucionaria debe servir de ejemplo a todos aquellos que pretendan alejarse del camino que cuestione la guerra contra las dictaduras asesinas de Uruguay, Chile, Argentina y Bolivia.. MUERTE A LOS TRAIDORES! ¡NINGUNA TREGUA A LOS EJÉRCITOS OPRESORES! ESTADO MAYOR CENTRAL E.R.P. ¡A VENCER O MORIR POR LA ARGENTINA! EJERCITO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO”.

Acerca de la detención y posterior ejecución de los legisladores Zelmar Michelini y Hector Gutierrez Ruiz como parte del contexto previo, el fiscal describió cómo los legisladores fueron vigilados y que el ministerio de Relaciones Exteriores remitió una nota al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, dando cuenta que el pasaporte de Michelini había sido cancelado. De esta forma el viaje programado por el Senador quedó sin efecto.


En la madrugada del 18 de Mayo de 1976 un comando fuertemente armado se constituyó en el Hotel Liberty y procedió a estacionar varios vehículos por la avenida Corrientes. El pedido de formalización relata que irrumpieron en la habitación de Michelini preguntaron por él y le expresaron “Zelmar te venimos a buscar, te llegó tu hora”. En el lugar se encontraban sus hijos Zelmar y Luis Pedro a quienes obligaron a tapar sus rostros con frazadas. Michelini no opuso resistencia y solicitó que le permitieran vestirse y retirar sus medicamentos.


La búsqueda del legislador del Partido Nacional Héctor Gutiérrez Ruiz implicó un operativo similar. El fiscal consigna que dieron fuertes golpes en la puerta para que abrieran la puerta del departamento donde vivía Gutiérrez con su esposa Matilde Rodríguez. No obstante, un personaje muy corpulento que las víctimas identifican como Paqui Forese, la derribó.


Magdalena y Juan Pablo, hijos de Gutierrez Ruiz además de reconocer a Osvaldo Forese (Paqui) también reconocieron a Anibal Gordon como quien comandaba el operativo y portaba una pistola con la que amenazaba a su madre.

Los responsables para la fiscalía

El fiscal Perciballe indicó que “resulta obvio que sobre los hechos que nos ocupan no existen testigos presenciales y que tampoco existen (o si los hay se encuentran guardados a cal y canto) documentos que consignen cómo se fraguó el plan y quién o quiénes lo ejecutaron. Por tanto, a los responsables llegamos mediante inferencias que se extraen del testimonio de las víctimas, de los documentos a los que se pudo acceder y del modus operandi desplegado en los diversos operativos que fueran tomados en consideración”.


Si se analiza en conjunto cada testimonio, cada documento relacionado, los oficiales que surgen mencionados y los centros clandestinos a los que fueron trasladados los sobrevivientes, se verá que todos refieren a los mismos organismos involucrados. Y a partir de éstos se puede conocer a los responsables”.


Si bien en el caso de Washigton Barrios y Manuel Liberoff todo hace pensar que corrieron igual suerte que las restantes víctimas, nadie puede soslayar que en dicho caso se ha dado una múltiple afectación de bienes jurídicos, una mayor mortificación a las familias de las víctimas y aún de la Sociedad toda que espera una respuesta sobre su destino. Anejo a ello, la desaparición forzada se caracteriza como delito permanente, por lo que si los restos de la víctima no aparecen el reato se perpetua hasta el presente.

En su pedido de formalización, el fiscal solicitó que se ordene la detención internacional con miras de extradición de Pedro Antonio Mato Narbondo y de Manuel Juan Cordero Piacentini por su responsabilidad en los homicidios de Zelmar Raúl Michelini Guarch, Hector Gutierrez Ruiz, Rosario del Carmen Barredo Longo,William Alen Whitelaw Blanco, Telba Petrolina Juarez Beliz, Eduardo Efraín Chizzola Cano y Hugo Gomensoro Josman.

Asimismo, por la desaparición forzada de Manuel Liberoff Peisajovich.


Dable es resaltar que Manuel Cordero fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1, la causa denominada Cóndor. El fiscal aclaró que esa condena no incluyó los delitos referenciados supra.


De cinco imputados, Ricardo Arab y Ernesto Ramas cumplen prisión domiciliaria en tanto Gilberto Vázquez se encuentra internado en el Hospital Militar.

09/09/2021