Bolivia: gobierno pone foco en salud y economía; la fiscalía investiga penalmente a los golpistas

El ministro de Justicia boliviano Iván Lima reveló que la dictadura de Añez rechazó la oferta de Uruguay para la compra de kits de diagnóstico de COVID-19, los pagó diez veces más caro y nunca llegaron a su país.

En entrevista exclusiva con el programa Ciudades invisibles el ministro de Justicia y Transparencia Institucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Iván Lima, aseguró que el objetivo del gobierno "es lograr que el proceso de reconciliación nacional que hemos emprendido se consolide”.

Al respecto, destacó que "la primera medida que tomamos fue convocar a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA) y ahora en un grupo independiente de expertos está estudiando los hechos de violencia ocurridos entre setiembre y diciembre de 2019 en que se produjeron las masacres de Sacaba y Senkata que dejaron 43 muertos". Ello ocurrió en el contexto del golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales. Añadidó que el grupo inició su trabajo poco después que el pasado 9 noviembre asumiera el gobierno constirucional encabezado por los Luis Arce y se prevé que en seis meses culmine su labor. Destacó que con este trabajo del grupo respaldado por la CIDH, que incluye la apertura de los archivos militares, policiales y judiciales, se propone lograr la reparación de las vícitimas del golpe de Estado y la represión, así como escuchar a todos, en el marco de un proceso de reconciliación.

Respecto de la expresidenta de facto Jenanine Añez, quien se señala como perseguida polìtica, Lima señaló: “ella va a tener derecho a un debido proceso, cosa que no tuvieron muchos de los líderes sociales y dirigentes del MAS. Creo profundamente en el principio de inocencia, en el debido proceso, en el control de convencionalidad”. Y agregó que "si tuviera una situación como la que tuvo que pasar Evo Morales, ella no estaría en el país. Ella está en su casa, está haciendo su vida normal. Y ya ha sido escuchada por el grupo interncional de expertos. Lamentablemente tuve que pedirle seriedad, porque los dejó plantados dos veces. Finalmente la semana pasada prestó sus declaraciones, con total libertad".

El ministro Lima explicó que la exdictadora no tiene en este momento ninguna persecución, ni ninguna posibilidad de ser enjuicida, porque se requieren dos tercios de la Asamblea Legisltiva para el inicio del jucio político. Y si bien el partido de gobierno logró una amplia mayoría en ambas cámaras, no cuenta con los dos tercios necesarios.

Lima cree que el inicio de de un juicio "debería ser el resultado de un profundo proceso de trabajo de la Fiscalía General, no es el trabajo del Ejecutivo". Aseguró que "vamos a garantizar las condiciones politicas para que no haya impunidad, pero la prioridad del gobierno es la salud, la economía y las reformas estructurales. Si algo ha dividido al pueblo boliviano es el uso del poder político para perseguir al opositor y esa no es la vía que han escogido ni el presidiente Arce ni el vicepresidente Choquehuanca".

En relación a la pésima situación sanitaria que vive Bolivia, Lima recordó que Uruguay le ofreció al gobierno de Añez pruebas de detección para COVID-19 a la décima parte del precio que las terminaron comprando y que nunca llegaron al país.

Insistió en que es trabajo del fiscal general ver cómo persigue penalmente a quienes "han robado al pueblo boliviano y han afectado la democracia". Pero "no es un trabajo del ministro de Justicia ni del presidente", concluyó.

Publicación original: 22/12/2020

,