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#CasoTrituradora - Según la defensa, el fiscal se equivocó de juzgado

Por Georgina Mayo

A mediados de junio pasado, como informara 25siete, el fiscal Diego Pérez solicitó la formalización de algunas de la personas investigadas por la denuncia realizada por la directora de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (URSEC), Mercedes Aramendía.


El fiscal Pérez, quien comenzó la investigación luego que en junio de 2020, Aramendía denunciara la trituración de papeles o documentos de ese organismo, solicitó formalizar a exjerarcas de la Ursec, en el juzgado de Crimen Organizado.


La formalización la presentó en la sede que encabeza la jueza Adriana Chamsarian, pero la solicitud no se pudo concretar. El fiscal Pérez presentó el pedido de formalización en un juzgado que, según la Ley Nº 18.632, la denuncia que investiga no puede tratarse. Esa norma creó en 2007 las dos sedes judiciales en Montevideo especializadas en Crimen Organizado.


Luego de un año de investigación, el fiscal Diego Pérez pidió la imputación del expresidente de la URSEC, Gabriel Lombide, por abuso de funciones, al igual que para el exdirector de ese organismo, Nicolás Cendoya. El fiscal también pidió formalizar la imputación a la secretaria de Cendoya y al exsecretario general de la URSEC, Óscar Mecol.


Pérez pidió imputar a los exjerarcas por la habilitación de una radio en la localidad de Palmitas, Soriano, y por la autorización para que la radio comunitaria Bemba de Salto se emitiera, según la denuncia, con una potencia superior a la permitida.


El abogado de Nicolás Cendoya, Martín Fernández, había indicado a 25siete que a partir de la formalización, para ellos “empieza a transitarse un período de garantías”.


En la normativa de creación de los juzgados de Crimen Organizado se establece que en caso de los departamentos de Montevideo y Canelones, los juzgados especializados tienen competencia en los delitos contra la administración pública cuyo monto real o estimado sea superior a 20 mil dólares.


En la investigación del fiscal, según pudo conocer 25siete, no existe un monto en dinero y es por eso que las defensas de los imputados solicitaron a la jueza Adriana Chamsarian que la formalización se dirima en un juzgado penal común. La jueza deberá expedirse sobre el planteo de las defensas en los próximos días.


A todo esto, si bien el fiscal Diego Pérez dispuso desde hace un año algunas medidas cautelares al exfuncionario de la URSEC que trituró material en su oficina, en su pedido de formalización, el exfuncionario de iniciales G.S, no está incluido.


Según supo 25siete, algunos de los papeles triturados se pudieron reconstruir pero en la carpeta investigativa, el fiscal Pérez, no hizo hincapié en el material denunciado por la directora de la URSEC.

Publicación original: 27/07/2021