Causa Michelini-Gutiérrez Ruiz: La prueba del fiscal incluye confesiones militares en tribunales de honor

Por Georgina Mayo

La jueza Adriana Chamsarian está a cargo de la causa que investiga a los autores materiales de los homicidios de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, perpetrados en Buenos Aires, en 1976. Además, en la causa se investigan las responsabilidades que hubo por parte de militares con respecto a 60 víctimas como consecuencia del Plan Cóndor y del período preCóndor. El fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe dijo en Legítima Defensa que “sobre ese período preCóndor ya se tienen pruebas suficientes y consisten en la demostración de que hubo detenciones de personas en Argentina y trasladadas clandestinamente a Uruguay, antes de que estrictamente comenzara el Plan Cóndor”.

El fiscal Ricardo Perciballe, quien pidió 30 años de condena para José Arab por estos hechos  y 22 años para Jorge Silveira y otros 22 para el policía Ricardo Medina espera ahora el fin de la feria judicial menor para conocer la respuesta de la jueza Chamasarian ante un recurso de revocación que el representante del Ministerio Público presentó.

El jueves pasado, la defensa de los cuatro militares imputados interpuso un recurso de juridicción para que la Suprema Corte de Justicia resuelva si se aplica el artículo 239 de la Constitución que establece que las causas referidas al Derecho de Gentes debe dirimirlas la Suprema Corte de Justicia.

“El planteo no se sostiene porque es pedirle a la SCJ que investigue violándose el principio de doble instancia”, dijo el fiscal Perciballe en referencia al principio que prevé que toda causa pueda ser apelada. Si investiga y resuelve la SCJ, ¿ante qué órgano se apelaría y se presentaría casación?, preguntó el fiscal Perciballe.

Ante el recurso presentado por la defensa y que hizo suspender la primera audiencia de control de acusación, el fiscal Perciballe presentó otro recurso pero de reposición . Esto es para que la propia jueza Chamsarian que resolvió la suspensión de la audiencia, revoque su propio fallo y se intente retomar la instancia prevista.

Según conoció 25siete la jueza resolvió desde la baranda la suspensión de la audiencia, sin que las partes siquiera pasaran a la sala de audiencia.

Consultado sobre el punto, el fiscal Perciballe dijo que “la jueza violó el principio de oralidad y el principio de contradicción porque debió escuchar a la fiscalía luego que la defensa presentara el recurso de juridicción y luego de eso recién resolver”.  Las defensas de los militares han presentado hasta ahora recursos de inconstitucionalidad y prescripción “pero el recurso de jurisdicción es lo nuevo que han encontrado y plantean el absurdo que la Corte resuelva estas causas”, dijo Perciballe. Recordó que la defensa de los militares “en todo caso debió presentar este recurso al inicio de este proceso, cuando hace casi dos años los militares fueron formalizados”.

Las audiencias de control de acusación que estaban previsto comenzaran la semana pasada sobre la causa de los homicidios de Michelini y Gutiérrez Ruiz y de otras 60 víctimas, debatirán una a una las pruebas presentadas por la fiscalía y la defensa. “Es muy difícil que nos digan que una de nuestras pruebas es inconducente o ilegal porque son documentos estatales. Será difícil que un juez nos diga: esta prueba no ingresa al juicio”, dijo Perciballe en Legítima Defensa.

Pruebas contundentes

Centenares de documentación de archivos de inteligencia; documentación desclasificada de Estados Unidos; Archivos del Terror de Paraguay; documentación proveniente de Chile y Argentina: documentación del equipo de historiadores que recabaron datos durante 15 años; legajos de militares muy útiles porque los ubican en los operativos; declaraciones de Tribunal de Honor; Afprojumi; prueba trasladada de las causas de Bordaberry-Juan Carlos Blanco, de María Claudia García, Segundo Vuelo de 1976; Escuadrón de la Muerte, son parte de las pruebas que serán presentadas en el juicio oral y que deberán analizarse en los audiencias de control de acusación que hasta ahora quedaron suspendidas. “Será difícil que se rebatan esas pruebas porque todas tienen el sello del Estado”, dijo Perciballe.

La investigación comprende el período febrero 1974 hasta octubre de 1976, con el primer traslado clandestino de Antonio Viana. El fiscal Perciballe respondió que el inicio de la investigación fue porque luego de que se pudieron leer documentos desclasificados de Estados Unidos se conoció la ubicación del centro clandestino Bacacay en Buenos Aires, donde estuvieron Ary Cabrera y Manuel Liberoff, Rosario Barredo y William Whitelaw.

Perciballe dijo que en la acusación que consta de 330 hojas, “queda demostrado cómo los homicidios de los legisladores y el resto de las personas detenidas en Argentina, incluyó un trabajo de Inteligencia paso a paso para llegar al objetivo y es eso lo que demostraremos en el juicio oral”.

Publicada: 02/07/2024