Colombia: gobierno busca bajarle el tono al reclamo social y subírselo a la confrontación
Actualizado: 10 jun 2021
Camilo Umaña habló en exclusiva para 25siete: las causas del estallido, la incertidumbre aceca del número real de vícitmas, el rol de la OEA y los tres obstáculos para una alcanzar una solución.
Umaña es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Externado de Bogotá, con importante tratectoria académica en el País Vasco y Canadá. Su principal línea de investigación son los mecanismos de respuesta social a las violaciones de derechos humanos, el estudio de la racionalidad penal moderna y los mecanismos de justicia transicional vigentes en Colombia.
Este fue el diálogo de 25siete con el experto colomabiano.
- ¿A su criterio a qué se debe el estallido de violencia en Colombia? Se habla de violencia policial, pero los periodistas de los medios hegemónicos, el expresidente Uribe y el actual presidente Duque se refieren a los manifestantes como "los vándalos". ¿Cuál es su visión?
- El Paro Nacional ha sido el punto de encuentro de muchos de los problemas sociales que aqueja la sociedad civil: cerca del 42% de los hogares vive hoy en pobreza -sin poder cubrir todas sus necesidades básicas-, Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales de Latinoamérica, la tasa de desempleo oficial es de cerca del 20%, existen unos 9 millones de víctimas del conflicto armado y la violencia en el país ha venido incrementando de la mano de graves violaciones como los asesinatos de defensores de derechos humanos. Reducir los motivos de las protestas a actos de vandalismo demuestra un desconocimiento de la realidad nacional y una desconexión del gobierno con las necesidades de la población que gobierna. Por supuesto que las manifestaciones han arrastrado una serie de actos de destrozos y enfrentamientos, pero pensar solo en ese factor es rotundamente incompleto y concentrar la respuesta del Estado en ello implica abandonar cualquier solución auténtica al problema. No estamos ante un problema de orden público sino ante un problema de orden social con múltiples impactos.
- ¿Cuál es la magnitud de la represión policial? ¿Qué cifras de víctimas se manejan? ¿Las cifras oficiales coinciden con la de los organismos de control de los derechos humanos?
- No hay certeza sobre las cifras que se manejan. El problema de registro de lo que está ocurriendo es notable y tiene que ver con la falta de coordinación institucional y, de nuevo, con la agenda política que desde el gobierno ha buscado bajarle el tono a los reclamos sociales y subirle el tono a la confrontación.
La Defensoría del Pueblo hablaba de 24 muertos y 89 desaparecidos, mientras que las ONGs Indepaz y Temblores se refirieron a 47 asesinatos de los que 39 fueron por violencia policial. Según el Ministerio de Defensa, más de 300 civiles han sido heridos y más de 400 han sido capturados. La campaña de organizaciones de derechos humanos Defender la Libertad ha registrado cerca de 600 casos de abusos de autoridad. Human Rights Watch ha denunciado proyectiles múltiples lanzados desde tanquetas a las personas que protestan. Amnistía Internacional pidió a las autoridades colombianas «poner fin a la represión de las manifestaciones».
Hay que decir que hay mucho que no se registra: el nivel de desconfianza en las autoridades y el miedo en las protestas, la abierta polarización del país, la tensión que produce las intervenciones violentas en las manifestaciones, la intranquilidad y el nerviosismo económico que comienza a manifestarse en forma de desabastecimiento de ciudades como Cali -la cuarta ciudad más populosa del país, con tan solo un millón menos de personas que todo Uruguay-, la inestabilidad institucional, la ausencia de diálogo y concertación nacional.
- ¿Qué perspectiva de salida a la crisis se puede entrever? ¿Cuál ha sido el papel de la OEA en esta crisis?
- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció el “uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones”, registrando que el 3 de mayo, tan solo en Cali, fueron al menos 5 los muertos, entre ellos dos adolescentes de 15 y 17 años. A su vez, la OEA se pronunció condenando el uso desproporcionado de la fuerza pública en las protestas de Colombia. Sin embargo, no es claro cómo responderá el sistema interamericano a la situación que atraviesa el país.
En Colombia, diversas organizaciones están clamando una misión de verificación en terreno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Colombia. No obstante, las misiones de terreno dependen de la aceptación de los gobiernos. Debido al lenguaje guerrerista empleado por el gobierno es improbable que tal aceptación se pueda dar.
La salida de la concertación y el diálogo democrático son necesarios. El que se dé un auténtico proceso de acercamiento luce hoy remoto. Tres factores principales explican esta situación:
1. la debilidad de un gobierno al que le queda un año y su falta de popularidad y gestión hacen que su palabra no tenga la prestancia que posibilita un diálogo con una visión de efectividad y futuro;
2. existe una especie de continuidad de las protestas de estas semanas con lo ocurrido con el Paro Nacional de 2019 cuando el gobierno convocó otro diálogo que, en vez de ser asumido con una intención de transformación, se tornó en una discusión sin trasfondo con la estrategia de distraer antes que solucionar las demandas que se habían presentado;
3. la continuación de la confrontación pública con una fuerza de policía que actúa bajo el acompañamiento de las fuerzas militares y una estrategia de intervención por la fuerza que ha implicado abusos y graves violaciones que han significado la muerte de varias personas y diferentes tipos de lesiones. Esto ha aumentado la tensión en las calles.
El gobierno, apenas hoy, a dos semanas de iniciadas las protestas se sentará con el Comité del Paro a dialogar, esperemos que esta vez los acercamientos lleven a alguna parte. Que el espacio sea abordado de buena fe y que se dé un acompañamiento vigilante de la comunidad internacional dependerá lograr sostener el espacio y garantizar que se traduzca en acciones concretas por parte del Ejecutivo.
