Costo político de una reforma regresiva
Por Pablo Andrade
Demostrando su calidad de dirigente político frontal y transparente, el senador Gustavo Penadés puso recientemente sobre la mesa un debate que recorre el sistema político: "Si no existiera acuerdo, deberíamos replantearnos si la reforma de la seguridad social debe ser aprobado en este período".
El debate que inicia el gobierno, tiene en sus manos una propuesta elaborada por la comisión de expertos, con un contenido tan regresivo que, si no la apoyan todos los sectores políticos, deberá postergarse. El proyecto de reforma promueve una pérdida de derechos y protección social tan significativa que puede costarle demasiado cara a los integrantes de la coalición.
Ante esta constatación nos parece importante plantearnos algunas consideraciones que implican apartarnos de la lógica generada hasta el momento. El senador nos propone que “acá todos nos tenemos que hacer cargo de un problema que todos sabemos que existe… todos tenemos que asumir la responsabilidad patriótica de que la reforma es impostergable". Lo que no plantea es un camino de solución con alternativas verdaderamente transformadoras, orientadas a hacer de nuestro sistema de seguridad social un modelo sustentable, sobre la base de mayor cobertura, justicia, equidad y suficiencia.
Pensar la reforma desde perspectivas exclusivamente fiscales, centrada en recortes de beneficios, deterioro de condiciones de acceso, y dejando afuera los principales problemas que plantea el mundo del trabajo, no solo tendrá costos electorales; también profundizará los problemas existentes sin solucionar las cuestiones de fondo.
Las recomendaciones de la CESS solo seleccionaron los aspectos técnicos que contribuyen a justificarlas. Tanto la orientación de sus propuestas, como los aspectos en los que no se tuvo voluntad de ingresar, son resultado de una clara orientación política. Y allí radica el primer obstáculo para la generación de “acuerdos patrióticos”.
Si desde el gobierno se va “a intentar alcanzar siempre los máximos consensos", debemos reclamar algo imprescindible: esos consensos deben surgir de un verdadero diálogo social. Un diálogo no acontecido hasta el momento, a pesar de tratarse del único instrumento válido para abordar este tema sin el peso decisivo de los cálculos electorales.
Por ello, y desafiando a los actores políticos, para pensar una reforma de la seguridad social "fuera de la caja" electoral y proponerla en clave de estrategia como país, podemos incorporar al debate requerido un conjunto de aspectos que deberían tener las bases de un acuerdo nacional sobre la seguridad social:
Adecuación de las edades jubilatorias sobre la base no de la obligatoriedad sino de estímulos a la permanencia en actividad.
Estructura de prestaciones mínimas universales y suficientes, que otorguen una base de sustento digno para los beneficiarios del sistema.
Relación más directa entre el nivel de vida alcanzado en la etapa laboral y la prestación recibida en la etapa de retiro.
Revisión seria de los mecanismos de acceso a las prestaciones que reconozca las alternancias de las y los trabajadores, y muy especialmente el reconocimiento de las tareas no remunerados de las mujeres.
Iniciar un proceso tendiente a desgravar el empleo y avanzar en el financiamiento de la seguridad social sobre la base del crecimiento económico, la productividad y la evolución tecnológica.
Revisar claramente el régimen de AFAP, su validez y la suficiencia de las prestaciones que genera. Y en caso de considerarlo un instrumento válido, eliminar su financiación por comisiones para asociar sus costos de funcionamiento a la rentabilidad que ofrecen a sus afiliados.
Repensar con claridad y seriedad la protección que incluya a todos los colectivos sociales, con especial énfasis en los pequeños y medianos empresarios, los trabajadores informales y las nuevas formas de empleo encubiertas.
Revisar el sistema de exoneraciones, los topes de aportación de los activos y los aportes patronales fictos, que rompen con un régimen de solidaridad y equidad contributiva.
Modificar las contribuciones que realizan las jubilaciones superiores a 10 salarios mínimos nacionales.
Abordar en forma integral todos los aspectos de la seguridad social, desde una perspectiva de protección de los ciudadanos en todas sus contingencias y a lo largo de toda su vida.
Estos son solo algunos títulos que podrían abrir la puerta a la generación de una reforma de seguridad social con visión estratégica para el país.
Ampliar la agenda para promover un acuerdo social, que avance en la generación de un mejor estado de bienestar, debería ser el camino de una reforma que no deba quedar en el camino, por sus costos políticos, sino que pueda ser valorada como un avance por la inmensa mayoría de la sociedad.
Porque mientras el sistema político deba centrarse en cómo licuar los costos que les acarrea reducir los derechos y la calidad de vida de las grandes mayorías de uruguayos, seguiremos atados a bloqueos y retrocesos. Pensar el futuro para construir una vida mejor para todos los uruguayos es el desafío que seguramente unirá a las grandes mayorías.
