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#Desaparecidos - Experto internacional entrevistó actores clave y evaluó la actuación de la INDDHH

Fueron entrevistados 40 referentes en el tema. Álvaro Delgado, Guido Manini Rios, Macarena Gelman, Leonardo Haberkorn y Soledad Cibils no participaron, por desestimiento o porque no respondieron la invitación.

Un informe de evaluación independiente sobre la actuación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) concluyó que Uruguay carece de una política de Estado en materia de búsqueda de los detenidos desaparecidos y ello obstaculiza la efectividad de la implementación del mandato conferido por la ley.


El informe estuvo a cargo del colombiano Federico Andreu Guzmán y fue encargado por el Senado para evaluación de lo hecho por la INDDHH en el marco de las competencias asignadas por la Ley N° 19.822 referente a búsqueda de personas detenidas y desaparecidas.


El experto subraya los magros resultados en el período 1985-2019, en cuanto a la búsqueda y hallazgo de los detenidos desaparecidos, o la determinación con certeza de su suerte corrida: sólo los restos de seis víctimas han sido hallados durante esos 34 años. Recuerda que "durante el periodo 1973-1985, como lo señaló el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promociónde la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Uruguay fue el país con “con la mayor poblaciónpercápitade

detenidos y personas torturadas de las dictaduras del Cono Sur”.


Destaca que la Ley Nº 19.822 estableció un nuevo paradigma que establece el esclarecimiento de las circunstancias de las desapariciones forzadas y la búsqueda de los detenidos desaparecidos con carácter extrajudicial y humanitario, en un órgano especializado, autónomo e independiente, como la INDDHH, dotado de amplias y facultades, que incluyen el acceso irrestricto a toda documentación y lugares de posible enterramiento de las personas detenidas desaparecidas.


El informe de Adreu Guzmán señala que "tradicionalmente la búsqueda de los detenidos desaparecidos ha radicado en órganos judiciales, como parte de las investigaciones sobre eldelito de desaparición forzada. La experiencia ha enseñado que el escenario judicial penal no es el más adecuado para la búsqueda". Y que esta "estrategia de judicialización limita en gran parte el éxito de la búsqueda.”


El documento destaca los seis principios rectores estabecidos por la INDDHH para la búsqueda: i) centralidad de las víctimas y el carácter humanitario y prioritario de la búsqueda; ii) autonomía operacional, reafirmando que la INDDHH no está sujeta a jerarquía y no puede recibir instrucciones ni órdenes de autoridad alguna; iii) imparcialidad, con lo cual la búsqueda no hace discriminación alguna respecto de los desaparecidos; iv) rendición de cuentas frente a los familiares, el Poder Legislativo y otras instituciones relevantes; v) profesionalismo y proactividad en la búsqueda; vi) y transparencia.


Se reconoce que para "la custodia de lugares y predios militares, la INDDHH y el Ministerio de Defensa han establecido un sistema de enlace" con el coronel delEjército Eustaquio González, con quein se mantiene una relación "muy fluida y positiva", valorando que la cooperación del enlace militar a todos los requerimientos de la INDDHH ha sido total y altamente satisfactoria".


Asimismo revela que "recientemente, reiteradas solicitudes de custodia de un predio no han tenido respuesta alguna del Ministerio del Interior", lo que "obligó a la INDDHH a recurrir a servicios privados de custodia, para garantizar la integridad de predios".


La “teoría” de que el paso del tiempo, por sustracción de materia, resuelve esta crucial cuestión es, no solamente falsa, sino totalmente inaceptable, tanto ética como legalmente. Las experiencias de España, El Salvador y de Colombia, entre otros países, demuestranque los familiares y la sociedad civil, en general,no renuncian a su derecho imprescriptible a saber la verdad sobre la suerte y paradero de los detenidos desaparecidos.


Por ello, recomienda: "Construir e implementar una política pública del Estado uruguayo en materia de búsqueda de los detenidos desaparecidos, que vincule a todas las autoridades e instituciones, respalde proactivamente las labores de la INDDHH".


El experto basó su informe en numerosos documentos, legislación nacional e internacional y entrevistas a 40 actores clave en el tema del gobierno, la academia, las Fuierzas Armadas, el periodismo y organizaciones de la sociedad civil, cuyos nombres aparecen referenciados, así como los de quienes no respondieron a declinaron entrevistarse con el consultor.

Publicada: 30/08/2022











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