El cuento de la aguja inmóvil y el eslabón más débil
Por Hugo Rodríguez
Años atrás, en una empresa de salud cuya dirección integré como delegado sindical, si quedaba en evidencia que un trabajador había robado, escuchaba en su defensa: “la cadena se rompe por el eslabón más débil”.
Más recientemente, ocupando un cargo de jerarquía en una institución pública, al detectar algún gasto innecesario fruto de esa lógica de ejecutar como sea porque finaliza el ejercicio, escuché argumentar que “eso no mueve la aguja”.
Hay temas que definen la vida de los uruguayos y la calidad democrática. Tienen que ver con seguridad social, distribución de la riqueza, educación, empleo, derechos humanos o concentración de los medios de comunicación. Vale la pena confrontar en estos temas. No da lo mismo qué proyecto esté hegemonizando mi país, qué sectores sociales ganen y cuáles pierdan con las políticas fiscales, monetarias, sociales o sanitarias que se apliquen. Reivindico la lucha política, social e ideológica.
Lo anterior debería permitir acordar algunas reglas que eleven los estándares éticos en el manejo del poder (macro, meso o micro), válidas sí toca ser oficialismo u oposición.
No acepto que se mire para el costado en asuntos como los abusos en los cargos de confianza o los pases en comisión. O que algunos groseros conflictos de interés tengan menos prensa que una tentativa de hurto.
Habría que animarse a diseñar una agenda de consensos que no se propongan arreglar el mundo, pero ayuden a fortalecer la confianza en la política y en el sistema democrático. No sea cosa que la indispensable voluntad de arreglar el mundo y mover la aguja de la economía para repartir felicidad pública nos convierta en cómplices de desvíos.
Cargos de confianza
Sería tonto e irresponsable pretender que los gobernantes y quienes gestionan lo público dejaran de contar con personas de su confianza. Mi planteo no tiene que ver con ese discurso primitivo y demagógico.
No es un tema fácil porque se necesitan cargos de confianza y porque quien deja su actividad durante cinco años para dedicarse a esa tarea previsiblemente tendrá dificultades para reinsertarse en el mercado laboral. También es un riesgo la tendencia del cargo de confianza a hacerse vitalacio: no importa donde sea que vaya, pero debe tener un cargo de confianza al menos hasta que llegar a la causal jubilatoria. También es un riesgo la sustitución de los militantes por los funcionarios, del compromiso con la causa por la fuente de trabajo pura y dura.
El sistema político debería acordar poner límites a esto. La cantidad y la calidad de los cargos de confianza. Hasta qué nivel de la pirámide se justifica y para qué tipo de funciones. Hasta que momento de su gestión un jerarca puede seguir agregando gente de su particular confianza (aunque a veces, me consta, no le conoce la cara).
Sería un desperdicio en tiempos de Internet no contar con un website donde rastrear a todos los ciudadanos que ocupan cargos de particular confianza, con el historial de su derrotero, el currículum vitae que dé cuenta de las competencias que ostenta para el cargo en cuestión y la remuneración que percibe. Sé que se puede presentar un recurso de acceso a la información pública. Pero hablo de algo accesible y amigable, como un letrero grande y visible que nos recuerde dónde están, por qué y qué hacen.
Pases en comisión
A priori este mecanismo podría considerarse una de mayor eficiencia, apuntando a un mejor aprovechamiento del capital humano en el sector público. La ilusión dura hasta que se conoce la casuística real.
Ya es un lugar común de los letristas del Carnaval y las redes sociales cada día 29 saludar a algunos célebres ñoquis del Estado de larguísma data que disfrazan su condición con un pase en comisión.
Otros ejemplos tienen lugar en el Poder Legislativo. ¿Alguien podría oponerse a que los legisladores cuenten con asesores? Pero cuando el sistema permite que un funcionario público en comisión en el despacho de un legislador resida en el exterior para cumplir una función remunerada mientras cobra el sueldo de la dependencia de origen, o que dedique su tiempo a desplegar su actividad privada, se pasan otros límites.
A veces los pases en comisión son solicitados como pago de favores o lealtades, en una generosa muestra de reciprocidad, cuyo costo se socializa. No suele ocurrir que el nuevo destino tenga mayor exigencia o carga horaria que el de origen. Por eso son tan deseados. Un resultado posible (no inexorable, pero ocurre) es que el funcionario gana su sueldo de origen trabajando menos, al tiempo que los trabajadores de la dependencia de destino tienen un compañero mejor remunerado por hacer lo mismo, sea mucho, poco o nada. La dependencia de origen mantiene las mismas obligaciones e idéntica carga salarial, disponiendo de menos funcionarios. Y los excompañeros cargan con trabajo adicional o el servicio público se resiente.
Es obvio que las normas que existen no son eficaces para ponerle coto a este asunto y que habría que legislar para ser, no para parecer. El Estado domina el arte de poner trabas. Debería usarlo para reducir drásticamente el uso de este instituto. También en esto la gente debería poder acceder a un sitio web donde se expongan todas y cada uno de estas situaciones, con la justificación y demás detalles del caso.
Conflictos de interés en el Estado
Los conflictos de interés en el Estado son moneda corriente. A veces sacan partido los malos y a veces a los buenos. Nunca, el interés público, por más que se lo puede dibujar.
Lo peor de los conflictos de interés, que son endémicos y tal vez un indeseado subproducto del poder, es cuando dejan de asombrarnos.
Cuando algunos no hablan porque hicieron cosas peores y otros porque eligen no darle pasto a las fieras, los conflictos de interés pasan de largo, y terminan logran el estatus legitimador del “siempre se hizo”.
A veces se justifica en que quien tiene el know how es el privado y, entonces, ¿qué mejor asesor para el gobernante? Así, el interés privado dicta la política pública.
No es bueno que en un poder del Estado se naturalice el ingreso de parientes en forma directa, aunque peor es que defienda públicamente que eso es mejor que el concurso. Se podría discutir cuál el mejor mecanismo de ingreso. Pero es difícil imaginar alguno peor que la discrecionalidad para colocar a los parientes, así terminen siendo ñoquis o excelentes funcionarios.
El conflicto de interés puede involucrar grandes multinacionales o empredimientos autogestionados o a la propia parentela. Si la influencia de los grandes intereses económicos en las políticas públicas resulta inaceptable, está lejos de ser sano que en los procesos de asignación de préstamos de dineros públicos participen sus beneficiarios, sean buitres capitalistas o meritorios cooperativistas. Lo mismo, si el Estado contrata ONGs de alguna forma vinculadas a quien tomó la decisión.
En los temas de ética pública no cabe aceptar el doble estándar según la simpatía que genere la contraparte.
También en esto la transparencia es un punto de arranque para solucionar el problema. Conocer todo sobre quien recibe créditos o contrata con el Estado, unido a una legislación que ponga reglas claras, límites y exija declaraciones juradas sobre posibles conflicto de interés en la acción de gobernantes y jerarcas, podría contribuir a manejar este problema. Lo mismo, si se le diera más potestades a la JUTEP.
Posiblemente ninguna de estas medidas aseguraría la pública felicidad. Pero se moverían otras agujas y se fortalecerían algunos eslabones que podrían estimular un mayor compromiso de la gente con aquellos cambios y procesos políticos orientados en esa dirección.
