¿El fin de las Áreas Protegidas? (Parte 1)
Actualizado: 26 ago 2021
Por Aramís Latchinian
Hace algunas semanas, cuando el Poder Ejecutivo elevó al parlamento una Ley de Urgente Consideración – LUC (instrumento previsto en la Constitución), incluyó un par de artículos (sin que nadie se adjudicara su autoría) que modificaban de forma salvaje el Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SNAP.[1]
Estos artículos les daban prioridad a los dueños de los predios en la decisión de incorporar un territorio a las áreas protegidas, poniendo el interés privado e individual por encima del interés público y colectivo.
Esos dos artículos de la LUC, que parecían responder a intereses muy concretos y particulares (casi como un mandado), tuvieron una segunda versión y, por último, el bochornoso intento de modificación del SNAP fue desestimado y los artículos desaparecieron de la LUC.
Pero lo valioso de este intento fallido de viveza criolla, es que puso sobre la mesa un tema que vale la pena discutir sin prejuicios: la necesidad de actualizar las políticas de conservación.
Una historia con más sombras que luces
Desde sus antecedentes remotos en los cotos de caza europeos (convenientemente llamados áreas reservadas) de los señores feudales, donde no podía pastar el ganado de la servidumbre; las áreas protegidas evolucionaron inicialmente como una eficaz estrategia colonialista de apropiación del territorio en África. Las “sociedades científicas” británicas implantaron decenas de parques nacionales en ex-colonias de la Corona, en distintos países africanos[2].
Pero lo que empezó como otra forma de colonialismo europeo en el continente negro, protegiendo los recursos de la Corona para que no fueran saqueados por los nativos, se fue sofisticando cada vez más, hasta contar con un sólido andamiaje legal internacional y muy buenas fuentes de financiamiento. Y por fin los países centrales lo convirtieron en una política oficial de las Naciones Unidas.
Las áreas protegidas siempre entrañan una naturaleza represiva, excluyente, de prohibición, más que de promoción, lo que no necesariamente es malo, pero no se debe obviar (tal vez no sea casual que en muchos países los guarda-parques tengan un look casi castrense). Pero lo importante es, qué es lo que se prohíbe y qué es lo que se cuida.
¿Cuanto más hay que proteger?
Hoy en el mundo hay más de cien mil áreas protegidas ocupando millones de km2. ¿Cuántas áreas más debemos proteger? ¿Qué porcentaje del planeta? ¿Qué otros ecosistemas vale la pena proteger? ¿Qué paisajes?, ¿las montañas, los bosques, la costa, las pirámides?
Buena parte de la respuesta la podemos encontrar en los modelos de antropización de la naturaleza, de lo que es bello y lo que no, de lo que debemos preservar y de lo debe ser “limpiado”.[3]
Veamos un ejemplo cercano. En Uruguay, los pastizales o praderas naturales son uno de los ecosistemas más relevantes para la conservación de la biodiversidad, sin embargo, son los ecosistemas menos protegidos, son considerados campos que se deben mejorar para la ganadería y la agricultura. No existe ni siquiera una ley que regule su intervención (como ocurre con los montes nativos, las costas, y otros ecosistemas, que valoramos más).
La respuesta a las preguntas anteriores es que debemos proteger todo el planeta, desde el punto de vista ecológico no hay ecosistemas de primera y ecosistemas de segunda.
El fin de la violencia
El proteger sólo algunos ecosistemas tiene implícita la idea de sacrificar otros. Debemos proteger todos los ecosistemas, pero para eso es imprescindible erradicar la lógica represiva de las áreas protegidas. Regular las intervenciones, controlar el cumplimiento de las regulaciones, promover los usos sostenibles, son formas más complejas de gestión del territorio. La prohibición es la forma más torpe de gestión, pero a veces es la única.
En los últimos años ha tomado impulso, la idea de evaluar las políticas de conservación de los países, en función del porcentaje de territorio bajo protección, como indicador de éxito. Un ejemplo de indicadores construidos globalmente y aplicados localmente, sin considerar particularidades locales (otro resabio colonial).
En mi opinión no es adecuado definir la vocación conservacionista de los países en función del porcentaje de su territorio que haya sido declarado área protegida. Por ejemplo, Uruguay tiene menos del 2% y Costa Rica más del 26%, ¿eso significa que Costa Rica es 13 veces más conservacionista que Uruguay? Definitivamente no. Uno es un país con una inmensa diversidad de especies y de ecosistemas y el otro es un país profundamente antropizado por usos agrícolas, ganaderos y asentamientos humanos. La estrategia de conservación no puede ser la misma.
Las áreas protegidas del capitalismo moderno
Pero las áreas protegidas han evolucionado, sobre todo desde su desembarco en América. Desde aquel origen colonialista de apropiación del territorio, la conservación en América está adquiriendo nuevos contenidos.
El Parque Nacional Yellowstone, de EE.UU., por ejemplo, inauguró a fines del siglo XIX un nuevo tipo de estrategias de conservación, un área de más de 9.000 Km2, abierta al público, con multiples ofertas comerciales, pero cumpliendo con estrictas medidas de conservación. Yellowstone es considerado por muchos autores, la primera área protegida que se apegó a objetivos de conservación de la naturaleza, postulados posteriormente por las Naciones Unidas.
Ya en pleno siglo XX comenzaron a aparecer las primeras áreas protegidas en América del Sur, respondiendo a realidades sustancialmente distintas en cada país: algunos mega diversos, con fuerte presencia de campesinado de origen indígena y otros sin campesinos ni indígenas, y con grandes extensiones de tierra en manos de pocos terratenientes.
Las áreas protegidas siempre han sido un territorio en disputa, pero los contendores han cambiado, ya no se trata de frenar a pastores ingleses o kenianos, sino de frenar la acelerada modificación de ecosistemas, por el avance de grandes empresas agrícolas, forestales, mineras, entre otras.
La evolución de las políticas de conservación no cesa, y actualmente, es más probable que los intereses afectados por las áreas protegidas, sean los de grandes corporaciones, y no los de pobladores locales. Sin embargo, las áreas protegidas ya no son una estrategia eficaz para dar respuesta a la pérdida de biodiversidad que afecta en mayor o menor medida a todos los países del mundo. Este tema lo abordaremos en una próxima nota.
[1] Ministerio de Vivienda propone redacción alternativa sobre áreas protegidas. Este artículo lo puede ver en este link: https://www.elobservador.com.uy/nota/ministerio-de-vivienda-propone-redaccion-alternativa-sobre-areas-protegidas-2020521182956
[2] Orduna, J. (2008). Ecofascismo. Editorial Planeta, Bs.As., Argentina
[3] Latchinian, A. (2016). El Ambientalista crítico: Gestión Ambiental, Ecologismo y Desarrollo en América Latina. Editorial Punto Cero, Uruguay.
Publicacón original: 26/08/2020
