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El oasis feliz de Chile: derechas y poderes fácticos

Por Marco Consolo

Érase una vez un oasis feliz (ex Presidente Sebastián Piñera dixit), una especie de castillo encantado, idílico y mágico. Un país que muchos presumían como ejemplo de honestidad y transparencia, donde la corrupción no llegaba al Parlamento, menos a las Fuerzas Armadas, Carabineros, empresarios y entre los profesionales menos expuestos como los abogados. Se miraba con cierta superioridad y algo de desprecio fuera de las fronteras de un “país civilizado” como Chile, rodeado de verdaderas “repúblicas bananeras”. Un país que en el relato interesado de la dictadura civil y militar de Pinochet, también gracias a su ‘mano dura’ había desterrado la ‘mala praxis’ de la corrupción en las instituciones públicas y el crimen organizado. Las Fuerzas Armadas, los Carabineros y la Iglesia Católica eran las instituciones que gozaban de mayor credibilidad por parte de la ciudadanía.


Luego, poco a poco, la realidad superó a la imaginación y el castillo encantado comenzó a desmoronarse, bajo los golpes de las investigaciones judiciales de aquella parte de la judicatura chilena que no estaba vinculada al poder y gracias a las actuaciones de los propios Estados Unidos y España. En un primer momento, las investigaciones destaparon las numerosas y multimillonarias cuentas bancarias del dictador en el extranjero (a partir del “Caso Riggs” [1]) y la trama de sobornos en las Fuerzas Armadas.

Luego, con el paso de los años, la cúpula directiva tanto de las FF.AA., como de Carabineros se vio envuelta en investigaciones judiciales conocidas como “Milicogate” [2] y “Pacogate” [3], por malversación de fondos públicos, uso indebido de fondos reservados, enriquecimiento ilícito, malversación mediante engaño de los fondos internos de pensiones de la institución, etc.


Por ultima, la Iglesia católica empezó a perder credibilidad debido a los numerosos escándalos de pedofilia encubiertos por las jerarquías locales (y otras) con la migración de muchos creyentes a Iglesias evangélicas, en varios casos verdaderas “sectas personales” de unos pocos predicadores en busca de fieles y fondos.


Pero en las últimas semanas ha estallado un escándalo sin precedentes, ya que no se trata de unas pocas “manzanas podridas”. Los máximos responsables de las dos principales instituciones de seguridad pública, la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros, están en el punto de mira, justo cuando la campaña contra la “delincuencia rampante” es el caballo de batalla de la derecha local. El Director General de la PDI, Sergio Muñoz, acaba de renunciar, abrumado por escuchas telefónicas en las que se descubrió que filtraba información confidencial sobre procesos judiciales en curso a Luis Hermosilla, un abogado, “zorro viejo” de larga data, bien situado en el poder político, financiero y judicial.


Y el general Ricardo Yáñez, jefe de Carabineros, tambalea por las acusaciones de violación de los derechos humanos durante el “estallido social” de 2019. Permanece en el sillón al menos hasta el próximo 7 de mayo, cuando probablemente se formalicen los cargos en su contra. Mientras el gobierno de Gabriel Boric no lo destituye formalmente, el Partido Comunista y el Frente Amplio (ambos parte del gobierno) claman por su renuncia. Pero vamos por orden.


La “puerta giratoria”

También en Chile la “puerta giratoria” garantiza influencia y poder. Al final de su mandato, unos pocos privilegiados pasan alegremente a ocupar cargos en el sector privado o incluso en el público. Los ex comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, tras manejar información sensible, suelen “redondear” sus pensiones y sus numerosos privilegios institucionales: entran en los consejos de administración de consorcios privados, conceden entrevistas sobre temas de seguridad y política, ocupan cargos públicos y son candidatos y elegidos, hasta ahora siempre en partidos de derecha. Para quienes han ocupado puestos sensibles y de alta responsabilidad en el ámbito de la defensa y la seguridad nacional, no hay límites de tiempo, ni de espacio. Al contrario, son más que bienvenidos.


Varios ex jefes de las Fuerzas Armadas y Carabineros fueron elegidos por las derechas en el Parlamento, y no hay que olvidar a los “senadores designados” por la “constitución” de Pinochet, mantenidos durante muchos años después de la dictadura.

El ex jefe de la Fuerza Aérea, Ricardo Ortega Perrier, fue elegido consejero constitucional del Partido Republicano, un partido nostálgico de la dictadura. Antes que él, el ex comandante en jefe de la Armada, Jorge Arancibia, fue miembro de la Convención Constituyente por la Unión Demócrata Independiente (UDI), así como senador del partido que durante años fue el “brazo político” de la dictadura. Oscar Izurieta, ex jefe del Ejército, fue subsecretario de Defensa del ex presidente Sebastián Piñera. Y, dulcis in fundo, un ex comandante en jefe, Juan Emilio Cheyre, fue presidente del Servicio Electoral, promovido por Piñera, con el visto bueno de varios partidos.


En cuanto al ejército, hasta la fecha, seis de los siete ex comandantes en jefe del periodo posterior a la dictadura han sido juzgados por delitos financieros, corrupción y violaciones de los derechos humanos.


Los uniformes manchados de los Carabineros

Los tres últimos generales directores de Carabineros han sido investigados y/o procesados por delitos financieros, fraude y violaciones de los derechos humanos. El actual director de Carabineros, general Ricardo Yáñez, está procesado por incumplimiento de deberes en casos de detenciones ilegales y violaciones de los derechos humanos durante el “estallido social”. En uno de los tantos episodios “anómalos”, algunos dirigentes políticos y parlamentarios de la oposición demócrata cristiana y de derecha visitaron públicamente al general en el edificio institucional para darle su apoyo político. El general se sacò fotos con ellos, en una operación mediática cuando menos atrevida para una autoridad policial de alto rango.


Los cadaveres en el armario de la PDI 

Los dos últimos directores generales de la Policía de Investigaciones (PDI) están procesados por malversación de fondos, falsificación de documentos públicos, lavado de dinero, filtración de información de causas reservadas y lavado de activos. A ellos se suman los oficiales y funcionarios de Carabineros que están siendo investigados y procesados por falsificación, falso testimonio, irregularidades, abusos, incumplimiento de protocolos y violaciones a los derechos humanos.


Los casos del “Pacogate” y “Milicogate”, en los que oficiales, suboficiales y funcionarios de Carabineros y del Ejército realizaron operaciones financieras fraudulentas a costa del erario, por montos multimillonarios, han ocupado las primeras planas en los últimos años.


Poderes fácticos, poder judicial y servicio electoral

La crisis política e institucional implica también a otros sectores, en particular al poder judicial, en un cuadro enrarecido cuyos contornos van saliendo poco a poco a la luz. En el centro están los poderes facticos, una oligarquía de unas pocas familias que manejan los hilos del poder, del dinero, de la política, de los medios de comunicación y de las instituciones. Una élite que coloca a personajes turbios en cargos públicos gracias a cuotas políticas.


Es el caso del actual Fiscal Nacional de Chile, Ángel Valencia Vásquez, recién nombrado en una votaciòn parlamentaria llena de polémicas. Ex asesor parlamentario de la derechista Renovación Nacional (RN), fue elegido Fiscal como “tercera opción” después de que las derechas desecharan a otros dos candidatos “incómodos”. Asesor directo del senador RN Alberto Espina (ex ministro de Defensa del gobierno de Sebastián Piñera), Valencia trabajó en su estudio jurídico, vinculado a las investigaciones judiciales de las municipalidades de Vitacura, Lo Barnechea y Ñuñoa, por casos de irregularidades y corrupción, cuando estaban en manos de alcaldes de derecha. Una foto en una cena de camaradería, junto al ex ministro del Interior y ‘coronel’ de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Andrés Chadwick, muestra las relaciones de Valencia con los grupos de la elite chilena. Es fácil prever sus escrúpulos protectores hacia figuras de ese sector vinculadas a actos ilícitos.


Escandaloso ha sido su reciente ataque contra la vocera de gobierno, la comunista Camila Vallejo, quien habló de una posible red de corrupción a partir de las escuchas judiciales al jefe de la PDI, poniéndola en duda y entrando en un debate político. Lejos de “realizar los actos de investigación correspondientes”, la Fiscalía Nacional parece estar encubriendo y sirviendo a otros intereses, gracias a sus vínculos con la elite política conservadora.


Pero este no es el único caso. Desde 2021 Andrés Tagle Domínguez es el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral de Chile (Servel), organismo encargado de velar por la transparencia y el buen desarrollo de las elecciones. Tagle fue miembro de la Comisión Política de la UDI y “experto electoral” del partido. Durante el gobierno de Piñera fue asesor en materias electorales de la Secretaría General de la Presidencia, y luego asumió la presidencia del Servel en el segundo gobierno de Piñera, apoyado por la mayoría de derecha en el Senado, siguiendo la lógica de los cupos políticos binominales. Ingeniero comercial de la Universidad Católica, Tagle fue director de la poderosa Corporación del Cobre (Codelco), director y consultor de empresas y corporaciones financieras, y vicepresidente de la influyente Asociación de Seguros Privados de Salud (Isapres). Un hombre estrechamente vinculado a las élites políticas y financieras del país, hoy es jefe del Servicio Electoral.


¿Próximas sorpresas?

Las escuchas del teléfono del abogado Hermosilla tuvieron un fuerte impacto en la opinión pública, confirmando el control de los “poderes facticos” como élite política y financiera que maneja los hilos del poder. La investigación sigue su curso y se espera que puedan surgir muchas más sorpresas de las escuchas telefónicas y de la red de contactos para gestionar y/o manipular casos judiciales, intervenir en el trabajo de organismos estatales, influir en decisiones sobre el nombramiento de jueces, recibir ilegalmente informes policiales confidenciales.


Hasta ahora, los mensajes de su celular mencionan todos a figuras ligadas a la derecha económica y política chilena: el ex presidente Sebastián Piñera (de quien Hermosilla dijo ser abogado), el ex ministro del Interior de Piñera, Andrés Chadwick, el ex superintendente Felipe Guevara, el ex alcalde Raúl Torrealba, algunos jueces y causas judiciales relacionadas con temas como la venta de la minera Dominga y el Casino Enjoy.


Hasta ahora, la revelación más sensible es que el ex director de la PDI Sergio Muñoz entregó información confidencial a Hermosilla. Este último acababa de verse involucrado en la filtración de un audio donde se habla de sobornos a funcionarios de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero, entre otros. En el audio se mencionan a más de 50 empresarios y figuras de élite. Las escuchas telefónicas y el audio de esa conversación son un ejemplo plástico de cómo funciona la estrecha oligarquía en el poder en Chile. Con los ciudadanos como espectadores, ajenos a lo que realmente ocurre en los “salones que cuentan”.


Todos libres

La impunidad también reina en Chile. Hermosilla sigue libre, ni siquiera es buscado por tráfico de influencias o manejo ilegal de información policial confidencial. Está en buena compañía, ya que en Chile siguen en sus cargos los grandes empresarios y jefes de grupos financieros juzgados por casos de corrupción, irregularidades, financiación ilegal de campañas políticas. Uno de los casos más llamativos es el de Ponce Lerou (yerno de Pinochet) presidente durante más de veinte años de la empresa química Soquimich (privatizada con el golpe y que le fue entregada por Pinochet), directamente implicado en casos de delitos fiscales y corrupción (caso Cascadas [4]). Soquimich incluso cerró recientemente acuerdos estratégicos con el Estado para la explotación de litio, del que Chile es uno de los principales productores mundiales.


Hasta la fecha, ninguno de estos grandes empresarios y financieros ha cumplido penas de prisión, con la excepción de algunas resoluciones judiciales para asistir a ‘cursos de ética’. Mientras las cárceles se llenan, como siempre, principalmente de pobres (quizá culpables de comercio ambulante), hay decenas de ejecutivos de grandes empresas implicados en casos de corrupción, soborno, fraude y connivencia, alegremente sueltos.

Con la sombra del crimen organizado, del narcotráfico y de la corrupción financiera extendiéndose sobre el país, la Corte Suprema emitió un comunicado en el que afirma que “el actual ordenamiento constitucional y legal puede permitir algunos espacios de opacidad”.


Con un gobierno sin mayoría en el Parlamento, una movilización callejera casi inexistente y una crisis social que no da señales de disminuir, la crisis de credibilidad y la desestabilización institucional continúa.

 

Publicada: 31/03/2024 en Il blog di Marco Consolo

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