#Evitables - Equipos universitarios formularon recomendaciones para prevenir muertes en cárceles
En la presentación participó el Instituto Nacional de Rehabilitación y la Oficina del Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario.
Un estudio desarrollado por docentes de la Facultad de Medicina, Ciencias Sociales e Información y Comunicación alertó sobre el hecho de que un alto porcentaje de la muertes en prisión ocurren en los primeros meses de reclusión.
Además, en la tercera parte se evidenciaron fallas en la asistencia prestadas a las personas privadas de libertad que incidieron en el desenlace letal.
Si bien en 2022 las cifras descendieron respecto al aumento explosivo comprobado el anterior, retomando así los valores históricos, siguen siendo demasiadas las muertes evitables, principalmente de personas jóvenes.
Los resultados se presentaron el jueves 30 de marzo en la Sala Óscar Maggiolo de la Universidad de la República y fue seguida por streaming.
Algunas de la recomendaciones
Los expertos expusieron una serie de recomendaciones, entre ellas:
1. Implementar un carné de salud penitenciario dotado de un mecanismo de alarmas sobre los controles e intervenciones sanitarias requeridas y que posibilite la auditoría.
2. Mejoras de calidad de asistencia:
a) Controles en salud el período de reclusión, con especial énfasis en la salud mental en el primer año y en las personas portadoras de patologías crónicas.
b) Accesibilidad oportuna a los servicios de salud, con énfasis en la prevención.
c) Historia clínica única (historia por persona, no por establecimiento) y accesible.
3. Que toda persona privada de libertad afectada de patologías crónicas evolutivas o terminales sea valorada para determinar dónde, en qué condiciones y bajo qué cuidados debería estar alojada.
4. Que a toda persona privada de libertad se le ofrezca suscribir un documento en el que autorice a su defensa, Oficina del Comisionado Parlamentario y Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura el acceso a su historia clínica, bajo secreto profesional.
5. Sistema de auditoría de muerte de todos los fallecimientos, que provea a la Oficina del Comisionado Parlamentario de un informe en plazo de entre una y dos semanas.
6. Que todas las muertes bajo custodia con evidencias de negligencia institucional, fallas asistenciales graves, o que no pudieron ser aclaradas por falta de información mínima, sean objeto de una investigación especia.
7. Asegurar el derecho de las familias a conocer la causa de la muertes, a través de una devolución de los resultados de la investigación en base a un protocolo previamente establecido.
8. Redes de apoyo a los familiares de los fallecidos para brindar contención, guiarlos en el duelo, con la finalidad de atender los aspectos psicosociales de estas situaciones y mitigar mayores daños.
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