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Frente Amplio convocará al ministro de Medio Ambiente por proyecto con privados “inconstitucional"

El director de la oposición, Edgardo Ortuño, dijo que el proyecto Neptuno supone que OSE compra agua potabilizada a un privado: "costoso y afectará tarifas".

El directorio de Ose aprobó por mayoría un estudio de factibilidad que apunta a concretar el proyecto Neptuno. Se trata de una planta potabilizadora a ubicarse en la zona de Arazatí en el departamento de San José con el objetivo de conectar una tubería de 80 kilómetros de extensión con Montevideo.


El director que representa a la oposición en OSE, Edgardo Ortuño, explicó a Radio Fénix y 25siete porqué se opone al proyecto y lo calificó de “inconstitucional”.


En un informe que elevó al Frente Amplio y al que accedió 25siete, Ortuño explica que “cumplido el segundo año de esta administración, OSE atraviesa una difícil situación y se encuentra a la espera de una inminente decisión del Poder Ejecutivo crucial para su futuro como empresa pública y para el futuro del servicio de abastecimiento de agua potable en el país”.


OSE se encuentra en un contexto “de recortes presupuestales y debilitamiento general tras la reducción de inversiones como de funcionarios”, indica el informe.


Las directivas de la OPP determinan en este período de gobierno -sigue el documento- la reducción de un 25% del funcionariado del organismo y un recorte de inversiones por 240 millones de dólares, con respecto a lo previsto por la administración pasada.


“En dos años se perdieron 826 puestos de trabajo de los 4.454 con los que se contaba al inicio de este gobierno, incluyendo la pérdida de funciones estratégicas fundamentales, muchas de las cuales son suplidas por trabajadores y trabajadoras que realizan las tareas pero no cobran por la responsabilidad que asumieron; situación grave en recursos humanos en tanto compromete la capacidad de prestar servicios esenciales en el corto plazo”.


Ortuño indicó que “las iniciativas privadas deben aceptarse o rechazarse según contribuyan o no al cumplimiento de los objetivos de política pública”.


Ante la necesidad de realizar obras para asegurar la cantidad y calidad de agua potable en el área Metropolitana-recordó- las administraciones del Frente Amplio desde 2013, a la vez que avanzaron en mejorar las capacidades de la Planta Potabilizadora de Aguas Corrientes con inversiones por 55 millones de dólares, definieron realizar una obra que triplicara la disponibilidad de agua bruta embalsada: la represa sobre el Arroyo Casupá.


Sin embargo, dijo el director que representa a la opoción,.”el gobierno actual decidió encarar un proyecto alternativo y el 2 de marzo de 2021 Lacalle Pou anunció en el Parlamento la inversión de 200 millones de dólares para la realización de una nueva Planta potabilizadora en el Río de la Plata en el marco del Proyecto Neptuno presentado como iniciativa privada por las empresas Saceem, Berkes, Ciemsay Fast que incluye además, la construcción de una nueva toma de agua bruta en el Río de la Plata en la zona de Arazatí, la estación de bombeo de agua tratada y una tubería aductora de 80 km de longitud hacia el sistema de Montevideo”.


Ortuño indicó que “no es el camino de la gestión privada de la producción de agua potable, que tiene un costo anual superior de 12 millones de dólares. Más aún, considerando la totalidad de la duración del proyecto, en base a estos costos anuales promedio, la gestión pública de la inversión a pagar en 28 años con la potabilización en manos de OSE, tiene un costo total para OSE de 725 millones de dólares”.


“Mientras, la alternativa en la cual el privado financia, construye y opera la planta potabilizando el agua durante 28 años, tiene un costo total para OSE de 1.060 millones de dólares”, sigue el documento.


Es decir que OSE, el sector público y la población, que lo verá reflejado en aumento de tarifa, pagarán por el proyecto 335 millones de dólares más, de resolverse el camino anunciado por el ministro de Ambiente y el Director de la OPP.


Esta opción supone que OSE -continúa el informe- compra agua potabilizada a un privado, lo que rechazamos por sus altísimos costos, por ser inconstitucional y contrario al pronunciamiento ciudadano resultante del Plebiscito sobre el agua en el año 2004.


Publicado: 30/04/2022

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