Deudores presionaron para que cayeran sus hipotecas que alcanzaban a US$ 400 millones

El sindicato de bancarios, AEBU, rechaza que se responsabilice a los trabajadores.

El Frente Amplio convocará al Parlamento a la ministra de Vivienda, Irene Moreira, luego que el Poder Ejecutivo debiera enviar un proyecto de ley en forma urgente para que se votara antes de que caducaran 2.500 hipotecas y que el Estado dejara de percibir entre 50 y 400 millones de dólares. Las hipotecas iban en camino de prescribir luego que la Ley de Urgente Consideración (LUC) modificara un artículo del Código Civil que prevé los plazos para las prescripciones.

El senador del Partido Socialista, Daniel Olesker, subrayó que "la situación mostró desidia en la gestión de gobierno" y el senador Sebastián Sabini, del Movimiento de Participación Popular, dijo a Radio Fénix y 25siete que "todo se generó tras la presión y lobby de deudores" que les convenía que sus hipotecas caducaran.

El miércoles pasado, el Poder Ejecutivo debió enviar un proyecto de ley para aplazar las prescripciones de las hipotecas pero el punto estuvo en que no se encontraban 20 de los legisladores de la coalición de gobierno en sala. Olesker y Sabini subrayaron que el Frente Amplio "acompañó el proyecto para frenar las prescripciones de las hipotecas porque se trataba de lealtad institucional y explicaron que gracias a esos votos pudo pararse lo que estaba habilitado en la LUC".

“A dos años de aprobada la LUC, esto es el 9 de julio de 2020, comenzaba a correr el plazo de prescripción para las hipotecas”, explicó Olesker quien indicó que tras las consultas realizadas se pudo conocer que el plazo de dos años comenzaba a correr luego de la publicación de la ley y no a partir de su aprobación.

El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo posterga por 48 meses la prescripción para las hipotecas.

Olesker agregó que el vicepresidente de la Agencia Nacional de Vivienda, Gustavo Borsari indicó que 2500 hogares estaban involucrados en estas prescripciones y estimó un monto cercano a 400 millones de dólares.

Sin embargo, en marzo pasado en pleno debate de la LUC, “un informe de la División Jurídica de la Agencia Nacional de Vivienda advertía que si caían esas hipotecas como efecto de lo dispuesto en la Ley de Urgente Consideración, habría un gran perjuicio contra el Estado”. Olesker indicó que "en marzo de 2021 se archivó el expediente por parte de la secretaría general del Ministerio de Vivienda".

Por su lado, el senador del MPP, Sebastián Sabini, calificó el hecho de “ vergonzoso” porque la ministra el martes pasado (Irene Moreira) ni siquiera mencionó el tema, cuando asistió al Parlamento. Sabini relató que “la ANV tenía un informe que alertaba que caerían miles de hipotecas y sin embargo lo archivó, por tanto hay responsabilidades políticas porque autoridades fueron omisas al informe de Jurídica de la Agencia Nacional de Vivienda”. Sabini añadió que “la representante del Frente Amplio en la Agencia puso este tema sobre la mesa varias veces y no se le dio importancia”. Sabini dijo que “las autoridades de la ANV por lo menos tienen que renunciar”.

El senador del MPP dijo que analizan acciones parlamentarias “porque el tema es de una gravedad enorme. La sociedad merece saber qué pasó”.

Sabini indicó que uno de los asuntos que más llama la atención es que “luego de que la responsable de la secretaría general de la ANV archivó el informe que alertaba esta situación, lejos de ser sancionada se la premió con un cargo también de responsabilidad política y se la ascendió a gerenta general del organismo”.

Por su lado, el sindicato de los Bancarios, AEBU, indicó que ante la posibilidad de que cayeran miles de hipotecas tras la aprobación de la Ley de Urgente Consideración, situación que hubiera generado pérdidas millonarias a la ANV y al Banco Hipotecario - el Consejo Central del sindicato expresó que se demostró que el mecanismo de urgente consideración provoca una pérdida de calidad legislativa por “el tratamiento de temas de importancia y profundidad sin los debates parlamentarios apropiados — y sin medir sus efectos— pone en riesgo intereses fundamentales del país” y calificó de “imponente” las pérdidas que hubiera supuesto que caducara esa cantidad de hipotecas. AEBU hizo hincapié “en la responsabilidad absoluta de los directores —elegidos políticamente— para preservar y gestionar los organismos públicos, algo que en el caso de la ANV no ha sido asumido con la responsabilidad requerida”.

El sindicato de bancarios recordó que “como representantes del gobierno y de las mayorías que aprobaron la LUC, debieron asesorar, advertir y prevenir en materia legislativa sobre los impactos que la norma tendría sobre el organismo”.

Además de indicar que la ANV contaba con un informe alertando la situación, AEBU subrayó que “rechazamos cualquier intento de los integrantes del directorio de la ANV de desvirtuar el incumplimiento de sus responsabilidades con el traslado de estas a los trabajadores del organismo” y reafirman “nuestra defensa plena de los trabajadores de la Agencia Nacional de Vivienda, de sus puestos de trabajo y de su idoneidad e integridad, hoy puesta en riesgo por las expresiones y actuaciones de la mayoría del directorio”.

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Publicado: 15/07/2022