La rebelión de los empresarios de eventos
Actualizado: 26 dic 2021
Por Georgina Mayo
La deuda de las 40 empresas proveedoras de infraestructura y servicios de espectáculos, fiestas y eventos asciende ya a unos 8 millones de pesos. Desde agosto esperan una respuesta del Poder Ejecutivo.
El secretario de la Cámara de Infraestructura Técnica de Eventos y Espectáculos (CITEE), Enrique Heguaburu, dijo a 25siete que las 40 empresas reunidas en la cámara no piden plata sino que el Estado no les cobre impuestos, por el periodo que sus servicios estén afectados por la pandemia.
Asegura que las empresas del sector han tenido ingresos cero desde el 13 de marzo hasta ahora y que serán las últimas en volver a la actividad.
Acerca de la medida dispuesta para trabajar con un aforo de 30% de capacidad de la sala, Heguaburu respondió que esa disposición no afecta a la CITEE porque indican que es para los propietarios de salas de espectáculos y no para quienes viven de sostener un evento.
Heguaburu relató que hace dos meses fueron recibidos por el director de la OPP Isaac Alfie quien se comprometió a evaluar la situación.
Las empresas reunidas en la cámara piden exoneraciones de impuestos o que en su defecto se corran los plazos para poder pagarlos, además de un convenio con el Certificado Único Departamental. Para ello, hace pocos días, volvieron a solicitar una reunión con el Secretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado.
En agosto pasado, la cámara -que reúne a empresas proveedoras de equipos de audio para eventos, iluminación, instrumentos sobre el escenario, grupos electrógenos y eléctricos, pantallas led- realizó una movilización en Plaza Independencia, acompañada en las redes sociales bajo el hasthtag #hacemoseventos. Tras tras la movilización, entregaron una carta a la presidencia que contenía los reclamos del sector. Según supo 25siete, el funcionario que la recibió los felicitó por haber mantenido distancia mientras se movilizaban, pero luego de eso no tuvieron otras respuestas.
Las 40 empresas -a su vez integrantes de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay- emplean a unas 1.200 personas. Durante el año obtuvieron un préstamo del Banco República por la emergencia sanitaria. Lo solicitaron 10 de las 40 empresas que conforman la CITEE. Sin embargo, la condición para obtenerlo era no cerrar la empresa, de lo contrario se les iniciaría acciones legales.
El punto es que siguen sin tener ingresos y por tanto no pueden pagar ni BPS ni DGI y tampoco, varias de las empresas, pueden solicitar su baja.
Los depósitos donde se guardan los equipos en algunas ocasiones son propiedad de los empresarios y otros se alquilan para almacenarlos, pero el arrendamiento se debe seguir pagando. La crisis puede ser aún más profunda porque hay empresarios nucleados en la cámara que tienen locales para eventos y espectáculos cuya garantía son sus propias viviendas personales.
