Las protestas sociales detienen el Presupuesto en Guatemala
Por Federico Musto
©️ Johan Ordoñez / AFP
En los últimos días, el centro de atención continental se ha trasladado hacia Guatemala tras la aprobación del nuevo Presupuesto para el 2021. Diversos sectores sociales se volcaron a las calles con el fin de mostrar su rechazo e indignación donde el punto más álgido se dio el sábado pasado cuando varios manifestantes ingresaron al Congreso y fue, en parte, incendiado. Las imágenes y videos de los hechos no demoraron en viralizarse, así como la respuesta de las fuerzas públicas que, como ha sido la tendencia general en las protestas más recientes en Chile y Perú, fue desproporcionada y abusiva.
El Presupuesto aprobado por el Congreso el pasado martes 17 -y ahora en suspenso- reportaba un tope de 99.700 millones de Quetzales (aproximadamente 12.800 millones de dólares) y contaba con la reducción de algunos rubros que enardecieron a la población. En este sentido, las críticas se centraron en la disminución de fondos para combatir la desnutrición. Según Unicef casi la mitad de los niños guatemaltecos sufren dicha situación y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) manifestó que para este año 2,3 millones de personas tendrían riesgo de inseguridad alimentaria. Además, no se estipulaba un aumento para la salud, la educación, ni para combatir la pobreza (en un país donde casi el 60% de la población está por debajo de la línea de pobreza). Se registraba, por su parte, un aumento en el presupuesto del propio Congreso y la aprobación de dos préstamos superiores a US$ 600 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
Las diferentes organizaciones sociales y estudiantiles han realizado diversas manifestaciones bajo las consignas “No al #Presupuesto2021”, “¿Dónde están los Q135,000,000?” (más de USD 17:), “¿Dónde está el dinero? 21N #YaBasta”. A ellos se han sumado diversos comunicados en rechazo al Presupuesto tanto de organizaciones empresariales como grupos regionales como el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) que arguyó que la aprobación del Presupuesto fue opaca, excluyente y con graves anomalías. A su vez, se han presentado diferentes amparos frente a la Corte Constitucional con el fin de frenar la aplicación del Presupuesto por la vía legal.
Por su parte, la gran sorpresa ha sido la postura confrontativa del vicepresidente Guillermo Castillo Reyes. En primera instancia, a través de un comunicado por la red social Twitter, expresó su respaldo a las “demandas ciudadanas” y expresó la necesidad de vetar el decreto 33/2020 que ponía en vigor la Ley General del Presupuesto de Ingreso y Egreso del Estado guatemalteco para el 2021. Además, al día siguiente, le solicitó al presidente la renuncia irrevocable de ambos con el fin de buscar una solución superadora a la crisis institucional que se está viviendo. Estas declaraciones, y el desencuentro entre ambos dirigentes, le ha sumado incertidumbre al escenario político y social del país. Por su parte, la líder indígena y ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1992, Rigoberta Menchú, le expresó su apoyo y solidaridad al vicepresidente y reclamó por el veto al Presupuesto.
El pasado sábado 21 tomaron lugar las manifestaciones más contundentes contra el Presupuesto en el Centro Histórico de la ciudad de Guatemala donde, si bien en término generales fue pacífica, un grupo de los manifestantes irrumpieron en el Congreso que terminó siendo incendiado. La respuesta de las fuerzas de seguridad fue la represión a las personas que se manifestaban (entre los que se encontraban niños, niñas y adolescentes), el uso de gases lacrimógenos (por el cual decenas personas fueron derivadas a centros asistenciales) y de vehículos para tirar agua y se constató la detención de varias personas.
En cuanto al accionar policial, diferentes personalidades nacionales e internacionales condenaron el uso excesivo de la violencia policial entre los que se destacan el propio vicepresidente Castillo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el exjefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) Iván Velásquez quien responsabilizó directamente a la Policía Nacional Civil (PNC) por provocar los enfrentamientos y la posterior quema del Congreso.
El presidente Alejandro Giammattei (VAMOS) defendió, en un principio, el Presupuesto y sostuvo que era beneficioso para el país. Además, planteó la dificultad de frenar dicho tratamiento. Tras los hechos que se dieron en respuesta al proyecto y, particularmente, lo sucedido en el Congreso el sábado, Giammattei en un reciente comunicado denunció un intento de golpe de Estado, a su vez invocó la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estado Americanos (OEA) y puso en conocimiento a su Secretario General, Luis Almagro, de la situación que vive el país. Además, llamó al diálogo con diferentes sectores sociales y políticos. El vicepresidente tildó de “precipitado” el comunicado y la tensión entre ellos se acrecienta. De hecho, Giammattei sigue sin recibir a Castillo.
Luego de varios días de tensión, el Presupuesto está en suspenso. Según manifestó el presidente de la Junta Directiva del Congreso, Allan Rodríguez, el decreto 33/2020 no será enviado al Ejecutivo momentáneamente. Esta decisión la tomó la Junta en la sede del Ministerio de Defensa lo que desató más críticas. Además, calificó como de “terroristas” los actos acaecidos el pasado sábado, también sentenció que buscaban desestabilizar y tomar el poder y desmintió en gran medida las críticas que se le hicieron al proyecto del Presupuesto. Por su lado, diputados de la oposición (UNE y Semilla) están ultimando detalles con el fin de buscar darle tratamiento en sesión plenaria al proyecto y se han manifestado reclamando la renuncia de la Junta. Si bien no está definido cuándo se dará trámite a la nueva discusión, las próximas horas serán de vital importancia en el devenir de Guatemala.
Tal como ha sido demostrado recientemente en Chile, Perú y Bolivia, por ejemplo, la sociedad organizada y en la calle mantiene la capacidad de transformación y de incidencia en el acontecer político. Las protestas callejeras en Guatemala permitieron, al menos por el momento, dejar en suspenso la aplicación del Presupuesto y promover un intenso debate en torno a la utilización de los fondos públicos y la transparencia en su uso.
