#MYSU - Investigación indagó accionar de los jueces en materia de derechos sexuales y reproductivos
Por Georgina Mayo
Una investigación de Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) relevó a operadores y sentencias judiciales para conocer el estado de situación de los derechos sexuales y reproductivos en Uruguay. Si bien la investigación de Lilián Abracinskas, Marina Morelli y Marcela Dabbadie, a la que accedió 25siete, en “Una mirada al sistema de Justicia Uruguayo”, reconoce que Uruguay es uno de los países de América Latina que en las últimas décadas avanzó en la agenda de derechos sexuales y reproductivos, indica que la vía judicial no ha sido un ámbito de debate sobre cómo garantizar esos derechos.
Subraya que la universalidad de acceso a los distintos servicios en materia de Salud Sexual y Reproductiva no está garantizada e impacta el accionar sostenido de grupos opositores a la agenda de derechos sexuales y reproductivos, con operadores jurídicos que muestran en su función su sesgo religioso y antigénero.
Abracinskas dijo “que la presentada en el Paraninfo -con la presencia del rector de la Universidad Rodrigo Arim- es una investigación para conocer las condiciones que tiene el sistema de justicia para garantizar cuando los derechos sexuales y reproductivos son vulnerados”.
A diez años se constata -siguió- que las resistencias que grupos antiabortos llevaban al Parlamento, llevan ahora sus posiciones a la implementación de la ley IVE. Por eso monitoreamos a cincueta jueces en los distintos puntos del sistema judicial donde pasará un litigio judicial en esta materia. Abracinskas dijo que ni siquiera se accedió a curriculum vitae de gran parte de los jueces y otras informaciones básicas.
“Y además otro aspecto preocupante es que la mayoría de las sentencias analizadas no procuran la reparación y resarcimiento del daño, sino que apuntan a condenar a mujeres”, agregó Abracinskas.
Para la investigación se relevaron nombres, edad, sexo-género, parentesco con otros operadores jurídicos, religión, trayectoria educativa.
Mapeo de MYSU
De los 50 magistrados relevados, 27 hombres y 23 mujeres, sólo pudo encontrarse información sobre pertenencia a una religión, de 8 jueces. Siete de ellos pertenecen a la Iglesia Católica y uno de ellos tiene cercanía con el cristianismo. La investigación incluyó notas de prensa en las que los magistrados aludieron a Dios a la hora de asumir sus cargos y expresiones religiosas en redes sociales. Como un caso destacado se menciona que entre las personas mapeadas se presentó el caso de quien se presenta como integrante de Comunidad de Vida Cristiana que se presenta públicamente “como defensores a ultranza de la vida”. La investigación de MYSU revela cómo en un fallo se citó la declaración Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II.
De 64% se desconoce la trayectoria educativa de los jueces y se destaca -continúa el informe- la formación de dos magistrados en el Centro de Altos Estudios Nacionales (CALEN) del Ministerio de Defensa Nacional. Además, en cuanto a la filiación ideológica, del análisis de los perfiles de 50 magistrados, 28 se podrían ubicar con posturas desfavorables a los derechos sexuales y reproductivos, 21 son ambivalentes en sus posturas y sobre el caso restante faltó información que permita su categorización.
Acerca de las sentencias de los 50 magistrados mapeados, ninguna de ellas se encuentran identificados ni conceptualizados los derechos sexuales y reproductivos, y de ese universo analizado para la investigación, 17 fallaron en asuntos vinculados al aborto, que representan la tercera parte de la muestra. La mayoría de las sentencias pertenecen al ámbito penal. La investigación también concluyó la falta de formación de los jueces en derechos sexuales y reproductivos y se constató una débil incorporación de la perspectiva de género, registrándose sesgos religiosos.
De hecho la investigación concluye que en las actuaciones judiciales y sentencias sobre aborto, se identifica la persistencia de intentos de algunos operadores para imponer la teoría de la personalidad jurídica del embrión desde la concepción y la práctica de criminalizar a quienes abortan.
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