Nuevo Comienzo: supendido el desalojo tras intervención de Naciones Unidas
Por Georgina Mayo
El desalojo del asentamiento Nuevo Comienzo en Santa Catalina fue suspendido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. La resolución fue notificada al Poder Judicial, Intendencia de Montevideo y Ministerio de Vivienda.
El fiscal Diego Pérez hasta ahora pidió la formalización, como informó 25siete, de unas 40 personas por usurpación y hurto de energía eléctrica.
El desalojo de las familias que ocupan ese lugar fue resuelto por la justicia penal en diciembre pasado porque la familia propietaria de los terrenos no planteó un juicio de desalojo por la vía civil sino la denuncia en la justicia penal. De hecho, luego de la formalización por esos delitos, se llegó a un acuerdo con la fiscalía para no continuar con el proceso siempre y cuando las familias se retiraran del lugar.
El 3 de enero era la fecha clave para el desalojo. Sin embargo, el abogado Juan Ceretta del Departamento de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho presentaron un escrito ante el Comité de Derechos Económicos y Sociales de Naciones Unidas.
Mientras el Comité dirimía sobre el asunto, se solicitó a la justicia penal y al fiscal esperar la resolución.
Extrema pobreza
Este jueves, Ceretta informó el fallo del Comité de Naciones Unidas sobre los reclamos presentados a través del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ceretta subrayó que es la primera vez que se utiliza el Protocolo Facultativo en un asunto de Uruguay.
Finalmente, el Comité de Naciones Unidas resolvió solicitar al Estado Uruguayo que “tome medidas para evitar posibles daños irreparables suspendiendo la ejecución de desalojo o alternativamente ofreciéndoles otro lugar para vivir, tomando en cuenta la pobreza extrema de los ocupantes”.
Ahora, el estado uruguayo tendrá dos meses a partir de este jueves para responder sobre los puntos planteados por los defensores del asentamiento Nuevo Comienzo: por un lado la suspensión del desalojo, y por otro, la solución de viviendas, como asunto de fondo.
Según conoció 25siete el asentamiento en Santa Catalina está subdividido. Un grupo de familias al norte del colector y otro grupo que se ubica al sur del colector. El abogado Juan Ceretta respondió que representa a las familias ubicadas al norte del colector pero que la decisión del Comité se hace extensiva al resto de los ocupantes.
Ceretta sostuvo que pudieron demostrar la urgencia de este caso. Recordó que trabajó junto a varias personas para recabar pruebas gráficas, como las del fotógrafo Julio Pata Eizmendi y otros profesionales de la Facultad de Derecho que obtuvieron testimonios de las familias para presentar el estado de situación ante el Comité de Naciones Unidas. Ceretta relató además haber trabajado con catedráticos de otras áreas de la Facultad de Derecho.
Acerca de la obligatoriedad que existe para que se acate la resolución del Comité, Ceretta puntualizó que Uruguay ha ratificado todos los tratados de Naciones Unidas y si bien ningún Tribunal puede obligar el acatamiento, la justicia penal se ve obligada porque hay ratificaciones claras del estado uruguayo.
