#NuevoComienzo - Fiscal quiere retomar las conducciones, pero el referéndum podría frenarlas
Por Georgina Mayo
La noticia sobre la reanudación de la causa y de las conducciones de la familias del asentamiento Nuevo Comienzo -terreno abandonado hace más de 10 años- provocó que sus moradores resolvieran movilizarse el próximo miércoles 23 de febrero hasta la Torre Ejecutiva.
En junio de 2021 la jueza Diovanet Olivera había resuelto la prórroga hasta marzo de este año de la investigación a 8 familias del asentamiento Nuevo Comienzo formalizadas por el delito de usurpación.
Independientemente de la resolución judicial, el contexto estaba marcado por la recolección de firmas del referéndum que busca derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración a realizarse, precisamente, el 27 de marzo próximo.
Según conoció 25siete, en los últimos días el fiscal Diego Pérez se comunicó con la defensa pública de las familias investigadas por el delito de usurpación para decirles que retomará las conducciones, en principio, contra cuatro familias ya formalizadas en junio. Las conducciones de las familias que viven en el asentamiento continuarían luego por tandas.
Operadores judiciales indicaron a 25siete que las conducciones podrían detenerse nuevamente hasta tanto no se realice el 27 de marzo el Referéndum contra 135 artículos de la LUC.
A todo esto, entre abril y mayo de 2021 la Justicia de Familia hizo lugar a las acciones de amparo presentadas por el abogado Juan Ceretta, quien integra el Consultorio Jurídico de la Udelar que representa a las familias de Nuevo Comienzo. Luego de los fallos judiciales el Estado debió resolver en 24 horas la entrega de viviendas a tres familias que presentaron esos recursos.
Además, como se recordará y como informara 25siete el desalojo del asentamiento Nuevo Comienzo ubicado en el barrio Santa Catalina fue suspendido en marzo tras la resolución del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.
El abogado Juan Ceretta, del Departamento de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho, presentó el escrito ante el Comité de Derechos Económicos y Sociales de Naciones Unidas. EL asentamiento está subdividido. Un grupo de familias al norte del colector y otro grupo que se ubica al sur del colector. El abogado Juan Ceretta respondió en marzo pasado que representa a las familias ubicadas al norte del colector pero que la decisión del Comité de ONU se hace extensiva al resto de los ocupantes.
Luego de la formalización por esos delitos, el fiscal Diego Pérez planteó que para no continuar con el proceso las familias se tendrían que retirar de lugar.
