#OperaciónOceáno - Jueza Larrieu otorgó 6 meses de prórroga a la Fiscalía y criticó su actuación
Por Georgina Mayo
La jueza penal Beatriz Larrieu resolvió prorrogar la investigación de la Operación Océano por seis meses a pedido de la Fiscalía. La jueza criticó que la fiscal haya unificado en una causa a 32 imputados que no tienen relación entre sí. Señaló además pudo haber recogido evidencias antes de formalizar para que no corriera el plazo de un año. Agregó que la Policía es la responsable de que la descarga de los celulares no haya llegado a las defensas de los imputados.
Las primeras formalizaciones de la Operación Océano ocurrieron en mayo de 2020 con la imputación de cinco personas, entre ellos un exjuez penal. Al cumplirse un año de la investigación que cuenta con 32 personas imputadas, la fiscal Darviña Viera solicitó a la jueza Beatriz Larrieu una prórroga de la investigación de hasta por un año.
El pedido de prórroga de la indagatoria es para profundizar la investigación que todavía no incorporó la declaración ante la justicia de la principal víctima.
Tal como hemos informado en 25siete la investigación de la Operación Océano generó discusiones entre las defensas, la fiscal y la justicia de primera instancia. Por ello, todavía no se tomó declaración en cámara Gessel a la principal víctima y tampoco se le tomó declaración, como prueba anticipada, a las restantes 19 víctimas de la causa.
En el fallo, al que tuvo acceso en exclusiva, 25siete y como lo adelantamos en la tarde vía Twitter, la jueza Larrieu expone los argumentos de las defensas que en general se opusieron a la solicitud de prórroga de la fiscal por fundamentos comunes.
Los defensores argumentaron que una de las razones para que se extendiera la indagatoria es que la fiscal “decidió formalizar sin ahondar en la investigación, sabiendo que a partir de ese momento le computaría el plazo de un año para terminar la investigación”. Las defensas indicaron que al no recibirse la declaración anticipada de la principal víctima todo se dilata y que bien puede declarar en juicio oral. Indicaron que los imputados tienen derecho a ser juzgados en un plazo razonable.
Necesidades de la investigación y derechos de víctimas e imputados
La jueza Larrieu dijo que, como jueza de garantías, debe procurar un equilibrio entre las necesidades de la investigación y los derechos del imputado. Indicó que en este caso, que involucra una situación de violencia de género, debe valorarse además la situación de las víctimas y su derecho de acceso efectivo a la justicia.
Por su lado la fiscal Darviña Viera, indica el fallo de la jueza, argumentó para solicitar la prórroga la complejidad del caso atento a la cantidad de personas imputadas que indicó son 32 además de otras personas investigadas.
Además Viera dijo que los imputados fueron formalizados en forma escalonada, que cuenta con la declaración de veinte víctimas, las que no fueron todas identificadas al comienzo sino a medida que avanzaba la investigación y las declaraciones anticipadas aún no han podido ser llevadas a cabo. Todo eso, señalo la fiscal, complejizó la investigación. En su pedido de prórroga añadió que se trata de delitos sexuales en los cuales se requiere una preparación previa de las víctimas por ser especialmente vulnerables. Viera consignó que hay diligencias que todavía están realizándose.
La jueza subrayó que la estrategia a seguir por la Fiscalía en esta etapa es de resorte exclusivo y es así que en este caso, la fiscal actuante decidió reunir en una investigación a todos los imputados, sin que existiera entre ellos asociación o vínculo alguno en la presunta comisión de los delitos atribuidos.
"La investigación ha sido como mínimo desordenada"
Larrieu criticó a la fiscal Viera en que aún admitiendo la complejidad del asunto, “la percepción de la suscrita es que la investigación ha sido como mínimo desordenada. Tal es lo que resultó en las audiencias presididas por esta jueza desde que asumió la titularidad del juzgado, cuando en distintas oportunidades la Fiscalía ha realizado sus planteos en forma poco prolija y sin lograr concretar datos que le eran requeridos para adoptar la decisión”.
La jueza dijo que “lo mismo puede decirse de los fundamentos de la solicitud de prórroga de la investigación”, y señaló que la fiscal se refiere en forma “genérica a las diligencias de investigación aún pendientes sin explicar en forma concreta cuáles han sido las diligencias ya realizadas respecto de cada imputado y cuáles los impedimentos para cumplir las que aún están pendientes, tal como señalan las defensas”.
El fallo indica que “esta forma de trabajo adoptada por la Fiscalía dificulta el control del avance de la investigación respecto de cada imputado”.
La jueza también expresa que “no es de recibo invocar la situación de emergencia sanitaria por Covid 19 como fundamento de la demora en la investigación”. Describió que esta causa judicial se inició el 13 de marzo de 2020, en los últimos días de la feria judicial extraordinaria del año 2020. Desde ese momento hasta el mes de abril de 2021 “la actividad judicial se desarrolló en forma normal, habiéndose realizado las audiencias solicitadas y la fiscalía pudo desarrollar su investigación sin impedimentos”.
La jueza señaló que se trata de un caso de violencia de género que involucra a mujeres que en el momento de los hechos denunciados eran menores y coincidió con la fiscal en que debieron suspenderse las audiencias de declaración de las víctimas señaladas para abril y mayo de este año.
Las responsabilidades de la Policía
La jueza Larrieu sostiene que si bien es cierto que la Fiscalía es la responsable última de la investigación, la descarga de los celulares no entregados a los abogados de víctimas e imputados, no pueden ser atribuídos directamente a su accionar sino a sus auxiliares, la Policía. Subrayó que no es razonable exigir que la fiscal controle una por una las copias de los registros que se le entregan a las defensas de imputados y víctimas.
El fallo incluye una recomendación sobre el volumen de la información extraida de los celulares: dice que la Fiscalía deberá adoptar los recaudos necesarios para que su equipo investigador realice la tarea en forma rápida y eficiente.
En relación a las pericias a realizarse por ITF, la jueza Larrieu también rechazó el argumento de la fiscal, en cuanto a que “no puede fundarse la demora en la falta de los peritajes a los imputados, en cuanto en su legítimo ejercicio del derecho a no autoincriminarse se negaron a ser periciados”.
"Distinto es la situación de las víctimas, tal como se señaló, por lo cual se acogerá como razonable la demora en este punto, teniendo presente las características de las víctimas y el tiempo que insume, como regla general, la coordinación y realización de estas pericias a los técnicos de ITF", sostiene la sentencia.
La jueza relató en su fallo que “de acuerdo a lo expresado por la Fiscalía en su solicitud de prórroga, se permite advertir esta jueza que al momento de solicitar la formalización de la investigación en un caso complejo, se contaba con las evidencias mínimas para ello. Es decir, no se habían realizado en ese momento las diligencias de investigación más complejas y que insumen más tiempo para llevar a cabo, tales como las pericias psicológicas y psiquiátricas de las víctimas, o las pericias de los dispositivos electrónicos incautados”. El fallo consigna que otras dos víctimas que también fueron citadas para su declaración anticipada no comparecieron y recién fue solicitada la declaración anticipada de las 18 restantes en marzo de este año.
A la fecha se encuentran pendientes diligencias que pudieron haberse realizado aún antes de la solicitud de formalización.
La jueza reiteró que la estrategia de la investigación es definida por la fiscalía, pero tampoco puede perjudicar a los imputados prolongando excesivamente su sometimiento a proceso sin que haya acusación en su contra.
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