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#Portabilidad - Gobierno tiene la palabra tras la intimación judicial a suspender su implementación

Por Georgina Mayo

Tal como lo adelantara en exclusiva 25siete, la jueza en lo contencioso administrativo Jennifer Castillo hizo lugar a la intimación solicitada por el sindicato de los trabajadores de las Telecomunicaciones, Sutel, para que se suspenda la implementación de la portabilidad numérica dispuesta en cinco artículos de la Ley de Urgente Consideración que será sometidos a referéndum.


El presidente del sindicato, Gabriel Molina, dijo que "la justicia civil dio trámite a la intimación presentada por el sindicato para suspender transitoriamente la puesta en marcha de la portabilidad numérica" y agregó que "ahora se esperarán los pasos que dará el Poder Ejecutivo y Antel".


Molina dijo que la opinión del sindicato es que la portabilidad numérica, “es simplemente un negocio para que los privados avancen en nuestro país, quedándose con parte de los clientes de Antel”. Agregó que “este método que ya está caduco en el mundo y se ha realizado justamente para evitar que las empresas líderes sigan manteniendo su liderazgo en el marco de la competencia. La situación real es que "en el mundo encontrar en el mundo una empresa como Antel, no existe".


Por su parte, el director de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Guzmán Acosta y Lara, escribió en su cuenta de Twitter que “no hay resolución judicial alguna que obligue a postergar la entrada de la portabilidad numérica el 12 de enero”.


El abogado de Sutel, Óscar López Goldaracena, dijo a 25Siete que "es correcto que la justicia no decretó una orden de prohibición o postergación", pero subrayó que "la resolución judicial intima a que el Poder Ejecutivo y Antel en particular suspendan la puesta en práctica de la portabilidad numérica hasta tanto el pueblo resuelva qué hacer con los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC)", sometidos al referéndum del próximo 27 de marzo.


El presidente del sindicato y su secretaria, Florencia Leymonie, señalaron la importancia de que la justicia "se haya pronunciado en las últimas horas sobre este recurso presentado que apunta a resguardar el patrimonio del ente de las telecomunicaciones´´.


Ambos estimaron que "las pérdidas que enfrentaría Antel luego de que las compañías privadas extranjeras accedieran a gran parte de su clientela, se ubicaría entre unos 100 y 400 millones de dólares anuales". Explicaron que la solicitud presentada ante la justicia apuntó a que Antel “suspenda inmediatamente y de forma transitoria el proceso de implementación de la portabilidad numérica y su puesta en vigencia prevista”, en principio, para el 27 de diciembre pasado. Esta fecha, indicaron en conferencia de prensa, había sido postergada por Antel y de hecho lo fue otra vez. Las autoridades anunciaron que el sistema de portabilidad numérica previsto en la LUC se implementará a partir del próximo 12 de enero.


La portabilidad numérica habilita a un usuario de telefonía celular a cambiar de compañía proveedora del servicio, manteniendo su número de móvil.


López Goldaracena, indicó que "se trata de respetar la soberanía popular" y agregó que "el sentido común es la suspensión transitoria porque la portabilidad numérica no tiene que ver con la urgencia". El asesor legal del sindicato añadió que "si el Poder Ejecutivo no cumple la intimación de la justicia civil habrá que considerar las consecuencias jurídicas que haya y que ya estamos analizando". El abogado señaló que "lo único que se ve es la urgencia del interés que tiene la competencia de Antel para captar los clientes de la empresa pública". Se preguntó "qué sucederá si se continúa con la portabilidad numérica y luego se derogan los 135 artículos de la LUC". Recordó que "antes de la intimación el sindicato presentó una serie de recursos ante la Ursec. Esto, porque la portabilidad numérica implicó la contratación por parte de Antel de una empresa operadora que administra la base de datos para viabilizar el tránsito de llamadas. Se violó así el principio de la autonomía de la voluntad".


También sostuvo que el sindicato cuestionó acerca de las garantías que existirán o no para la protección de datos personales amparadas por ley, y agregó que las autoridades de Antel contestaron que se comprometen a protegerlos.


En su solicitud de intimación a la que accedió 25siete, Sutel describió a la justica que el sistema de portabilidad numérica que se quiere implementar "dispone que las empresas de telefonía celular asuman el costo de la implementación de la portabilidad y que deba suscribir, cada una, un contrato de servicios con la empresa que vaya a resultar administradora de la base de datos".


Distribución del mercado

Según datos oficiales publicados por Ursec a junio de 2021: Antel, 3.017.966 (53,11%); Movistar, 1.652.136 (29,07%); Claro, 1.012.578 (17,82%). Quiere decir que más de la mitad de los usuarios de telefonía celular son clientes de la empresa pública. Sutel hizo hincapié en que la “portabilidad numérica” se quiere presentar como un derecho del usuario a su identidad digital pero, en realidad, únicamente respondería al interés de las empresas de telefonía celular que son competencia de Antel para absorber en su beneficio a los clientes de la empresa pública.


En su escrito a la justicia Sutel señaló que el sistema de portabilidad numérica es vetusto porque por ejemplo "el servicio de WhatsApp de una persona (que en la actualidad es lo que verdaderamente hace a su identidad digital) es independiente del número de móvil. Esto significa que un usuario siempre puede cambiar de compañía o de número de móvil e igual puede conservar su WhatsApp, por lo que no es necesario habilitar la portabilidad numérica para conservar este servicio.

Y agrega que "el verdadero motivo de la portabilidad es que a las empresas que son competencia de ANTEL, les es mucho más fácil captar como nuevos clientes a quienes ya lo son de la empresa pública si pueden asegurarles que conservarán su número (por ejemplo, el 099…)¨.


El sindicato trasmitió a la justicia que el presidente del ente Gabriel Gurméndez "en lugar de oponerse a la implementación de la portabilidad por las pérdidas que implicarán para Antel y sus mayores costos, acepta normativa de dudosa constitucionalidad y anuncia, él mismo, la fecha en que comenzará a regir el nuevo sistema a pesar de que ni la Ursec, ni el Comité de Portabilidad Numérica han comunicado nada al respecto".


Intereses difusos

Sutel invocó, además, la representación de “intereses difusos” según el art. 42 del Código General del Proceso, que establece que "en el caso de cuestiones relativas a la defensa del medio ambiente, de valores culturales o históricos y, en general, que pertenezcan a un grupo indeterminado de personas, estarán legitimados indistintamente para promover el proceso pertinente, el Ministerio Público, cualquier interesado y las instituciones o asociaciones de interés social que según la ley o a juicio del tribunal garanticen una adecuada defensa del interés comprometido".


El sindicato subrayó que "el patrimonio de una empresa estatal como Antel interesa a todos los uruguayos y especialmente interesa en relación con los perjuicios que le causará la portabilidad¨.

Publicación original: 04/01/2022

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