#PortabilidadNumérica - El PE y la Ursec respondieron a la justicia que seguirán adelante
Por Georgina Mayo
El Poder Ejecutivo y la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones respondieron este lunes a la intimación judicial realizada por Sutel el 14 de diciembre, para que se suspenda en forma transitoria la implementación de la portabilidad numérica que, de hecho, comenzará a implementarse este miércoles.
El Sindicato Único de las Telecomunicaciones, que representa los “intereses difusos” de las casi 800 mil firmas que habilitaron el referéndum del próximo 27 de diciembre, informó a través de un comunicado a la opinión pública que el Poder Ejecutivo “no contesta ni uno solo de los cuestionamientos presentados por Sutel sino que señala simplemente que el gobierno continuará con la implementación de la portabilidad numérica porque es su voluntad y lo asiste la LUC vigente”.
La representación de los intereses difusos está establecido por el Código General del Proceso. Indica en su artículo 46 que “en el caso de cuestiones relativas a la defensa del medio ambiente, de valores culturales o históricos y, en general, que pertenezcan a un grupo indeterminado de personas, estarán legitimados indistintamente para promover el proceso pertinente, el Ministerio Público, cualquier interesado y las instituciones o asociaciones de interés social que según la ley o a juicio del tribunal garanticen una adecuada defensa del interés comprometido”.
El sindicato de las telecomunicaciones calificó al modelo de portabilidad numérica como “improvisado” y que “no responde a las necesidades del país y de los usuarios sino a los de los intereses de las empresas transnacionales que operan en nuestro territorio”.
Sutel indicó que la respuesta de Antel “pone de manifiesto la desidia de quienes dirigen la empresa pública”. Sutel relató que “mucho más grave aún es que el propio presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, haya reconocido las pérdidas de clientes que la empresa que él dirige tendrá con el nuevo modelo de portabilidad numérica”.
El sindicato anunció que, en caso de que la portabilidad numérica sea derogada por el referéndum, estudiará si corresponden acciones judiciales y políticas de responsabilidad contra los jerarcas por las afectaciones y eventuales perjuicios que se le causen al patrimonio de Antel, empresa estatal y pública de telecomunicaciones propiedad de los uruguayos”. Los trabajadores indicaron que realizarán “el máximo esfuerzo en estas escasas semanas que tenemos por delante para explicar y convencer al pueblo sobre el daño que esta ley antidemocrática le puede ocasionar al patrimonio nacional”.
