#Prevaricato - Para Fagúndez el proyecto de Cabildo generó una reacción "poco republicana"
Por Georgina Mayo
El presidente de la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay, Juan Fagúndez, dijo sobre el proyecto de ley presentado por Cabildo Abierto -que prevé el delito de prevaricato para jueces y fiscales-, que “habría que preguntarse si es necesario o no en este momento. Fagúndez, en dialogo con 25siete, agregó que “me llama la atención la reacción que hubo”, una vez conocido el texto presentado.
La gremial ha sido crítica en distintas oportunidades sobre la aplicación del Código de Proceso Penal que rige desde noviembre de 2017 y sobre la actuación de algunos fiscales.
El proyecto de ley de Cabildo Abierto ingresó la semana pasada a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado y prevé pena de penitenciaría para los fiscales que intencionalmente persigan penalmente a un no culpable, oculten pruebas a alguna de las partes o no cumplan con la obligación de investigar. También establece penas para los jueces que conozcan que dictarán fallos injustos. El proyecto prevé 18 meses de prisión a 7 años de penitenciaría y multas desde 60 Unidades Reajustables e inhabilitación especial de tres a siete años.
El presidente de la Asociación de Abogados Penalistas dijo a 25siete que será la directiva de la gremial que disponga o no estudiar el proyecto presentado.
Desde su punto de vista personal, Fagúndez dijo que “en principio hay que estudiarlo” y señaló que “técnicamente el texto podría requerir ciertas precisiones pero creo que aparece en un momento donde se dan cosas muy complicadas y de alguna manera es una respuesta a una circunstancia que, algunos juristas –yo no me considero- están pensando en controlar”.
Fagúndez indicó que “creo que hay que sentarse a estudiar el proyecto, pero en principio lo que a mi me llamó la atención es la reacción”. Tal vez el proyecto -subrayó- necesitaría ser más técnico, pero fue una reacción muy complicada, un rechazo muy poco republicano”.
El delito de prevaricato planteado en el proyecto de ley no existe en Uruguay para jueces ni fiscales. Estrictamente, el delito de prevaricato -que significa que un funcionario falte a sus deberes tomando una decisión o dictando una resolución injusta a sabiendas de que lo es-, sólo podría aplicarse a los jueces porque son quienes resuelven y no los representantes del Ministerio Público.
El presidente de la gremial que reúne a abogados penalistas estimó que “el punto está en ver si es un tema necesario o no en virtud de cómo ha cambiado todo el sistema penal”.
Con el Código de Proceso Penal que establece un sistema acusatorio en el que el fiscal lleva adelante la investigación y el juez resuelve luego de escuchar a las partes -defensa del imputado y Fiscalía- Fagúndez indicó que habría que analizar las consecuencias de estos cambios y se preguntó: “ahora quién juzga a quién, quién denuncia y dónde, cómo este sistema ha venido a cambiar la forma y el funcionamiento” del sistema penal. Es un poco más complicado para mí”, subrayó.
