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Condenas a personas inocentes

Por Juan Ceretta.

Se trata de un proyecto universitario de investigación/extensión en el que participan docentes y estudiantes de la Universidad de la República en alianza con el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario.

La propuesta busca abordar el estudio y relevamiento de errores o disfuncionalidades del sistema penal en casos concretos, que impliquen la privación de libertad de personas inocentes o la aplicación de condenas injustas.


El trabajo implica el análisis pormenorizado de los expedientes judiciales previamente categorizados por el equipo técnico del Comisionado Parlamentario, sobre relatos consistentes de baches o lagunas del sistema penal que pueden llevar a condenas injustas.


Dentro de la pluralidad de objetivos perseguidos pueden enumerarse: a) el reparatorio de injusticias y minimización de daños del caso concreto; b) el pedagógico y educativo, con la formación de estudiantes comprometidos en propender a un sistema penal justo y confiable; y c) científico-doctrinario, como insumo para la Oficina del Comisionado Parlamentario y el sistema en su conjunto con el eventual planteo de modificaciones legislativas, reglamentarias y/o administrativas.


La labor a desarrollar también comprende el estudio de los casos planteados por el equipo técnico del Comisionado Parlamentario, entrevistando a las personas privadas de libertad, testigos y examinando el material probatorio, culminando la labor con un informe final.


En lo que refiere a la cuestión probatoria se destaca la participación de aspirantes a docentes de derecho procesal con especial interés en la materia; así como entendimientos y apoyo técnico desde la Cátedra de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina que ha manifestado su disposición al respecto cuando ello lo amerite; lo que además le da a la ejecución del proyecto un tono interdisciplinar.


Como consecuencia del análisis de los expedientes se elaborarán informes, y en caso de corresponder, se relevarán las ausencias o inconsistencias probatorias y/o errónea aplicación del derecho. Dichos informes podrán ser insumos para el abordaje de nuevas estrategias en el caso concreto, así como en la búsqueda de la reparación del daño causado, evitando que la exoneración llegue demasiado tarde.


En el informe se relacionará las actividades realizadas, y se destacará las conclusiones arribadas, con especial mención a los errores o inconsistencias de origen probatorio, así como de aplicación del derecho sustancial o procesal, en el caso concreto. Asimismo, podrán ser utilizados por la Oficina del Comisionado Parlamentario como elementos disparadores de propuestas de modificación de prácticas administrativas disfuncionales, o de legislación y normas reglamentarias ineficaces o ineficientes.


La idea tiene su origen en una clínica legal sin fines de lucro establecida en 1992 en la Facultad de Derecho Benjamin N. Cardozo, de Nueva York, la cual investiga y presenta a la Justicia casos en que un análisis de material genético posterior a la sentencia podría constituir una prueba concluyente de inocencia. Estudiantes de Derecho manejan los casos, supervisados por un equipo de abogados y personal de la clínica.


Con posterioridad comienzan a desarrollarse múltiples «Proyectos Inocencia» en la mayoría de los estados de Estados Unidos, conformándose la denominada “Red Inocencia”, la cual es un grupo de facultades de derecho, escuelas de periodismo y defensorías públicas de todo el país, que colaboran con los reclusos que intentan probar su inocencia.


En la actualidad gran número de Universidades de todo el mundo desarrollan proyectos de similares características basados en tres aspectos: educación, litigación y legislación.


Para la Facultad de Derecho supone un hermoso desafío de involucramiento con el mundo penitenciario, así como con el sistema penal en su conjunto, destacándose su inserción en el proceso de aprendizaje que permita a los estudiantes cotejar al mismo tiempo en que asimilan los contenidos dogmáticos, la realidad aplicada en personas de carne y hueso, con la posibilidad de retroalimentar el proceso áulico.


El vínculo con las personas privadas de libertad, también supone una interpelación al mundo jurídico por actores no universitarios, que permita desafiar los contenidos educativos, como marcar agenda de investigación y extensión.


Esta primer fase exploratoria a desarrollar en 2020 nos permitirá sacar las primeras conclusiones y así planificar nuevos desafíos para los años venideros, en el marco de una universidad pública comprometida con la realidad social del país.

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