Punta Colorada y su rambla: ¿qué ocurrió y qué ocurrirá a nivel judicial?
Por Andrés Blanco
Si bien a mediados de 2022 las obras de la Intendencia de Maldonado tendientes a la remodelación y ampliación de la rambla sobre la playa de Punta Colorada conocida como “Brava”, cobraron notoriedad nacional por las acciones judiciales emprendidas por organizaciones de vecinos, el reclamo de un plan territorial para la zona no es nuevo.
Hace casi dos décadas que los vecinos de la zona reclaman un plan de obras que armonice las necesidades de tránsito, habitación y turismo con los ecosistemas costeros, frágiles de por sí y que vienen sufriendo el embate de una creciente urbanización y crecimiento de población.
Ante la voluntad de la Intendencia de Maldonado de seguir adelante con las obras iniciadas en 2020 en la rambla sobre la playa de San Francisco, y continuadas en 2021 en la punta rocosa de Punta Colorada, sin consultar con los vecinos y sin tener en cuenta las observaciones de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (hasta 2020, hoy convertida en Ministerio de Ambiente), las organizaciones de vecinos solicitamos ante la Justicia una medida cautelar de no innovar. Esto significaba la detención provisoria de las obras, mientras en forma simultánea se llevó a la Justicia una demanda contra la misma Intendencia y el Ministerio de Ambiente reclamando lo ya dicho: un plan de ordenamiento territorial para la zona que, en definitiva, establezca las pautas de un desarrollo sostenible del balneario tanto edilicio como vial que minimice los impactos en el medio ambiente.
Hace pocas semanas un Tribunal de Apelaciones revocó esa medida cautelar pero, en contra de lo que podría imaginarse, ello no sucedió por haberse entendido que no existía riesgo ambiental por las obras, sino porque la Intendencia de Maldonado afirmó ante la justicia que no tenía intenciones de proseguir con la continuación de las obras hasta el final de la playa Brava en dirección al balneario Punta Negra, por haber modificado su plan original. Desde el punto de vista de las organizaciones de vecinos ello constituye un motivo de satisfacción, ya que, más allá de las polémicas públicas, la Intendencia de Maldonado aceptó que no puede seguir adelante con la remodelación de la rambla al menos hasta que se dirima el juicio principal actualmente en curso que apunta a establecer un plan de ordenamiento territorial y a la participación ciudadana.
Por otro lado, el Tribunal reconoció la legitimidad de la Comisión Pro Fomento de Punta
Colorada y Nativos Punta Colorada, organizaciones de vecinos que impulsaron tanto la medida cautelar como el juicio principal, para iniciar acciones judiciales en defensa del medio ambiente de la zona. Este punto es importante puesto que, tanto a nivel judicial como ante la opinión pública, la Intendencia de Maldonado alegó la falta de representatividad de nuestras organizaciones, punto que hoy cabe dar por descartado.
También es destacable que el Tribunal de Apelaciones estableciera que el Ministerio de
Ambiente tiene competencias en esta materia y debe, por lo tanto, ser involucrado en la
decisión del problema. Es necesario recordar que el Ministerio de Ambiente había planteado que era una situación que escapaba a su competencia, tesis que ambas organizaciones civiles planteamos como equivocadas.
Ahora, alcanzado el primer objetivo y con la seguridad de que no se iniciarán las obras, se ha generado el espacio suficiente para avanzar en el camino que nos habíamos trazado: conseguir un plan de ordenamiento territorial para nuestra zona, eventualmente por la vía judicial que está en curso, pero sin descartar el diálogo, al cual nunca nos hemos negado, pero que tampoco se nos ha participado. En cualquier caso, creemos que ese plan de ordenamiento debe ser acorde a la Ley de Defensa de la Faja costera y al Acuerdo de Escazú (ratificado por Uruguay): debe elaborarse en consulta con la población, y establecer reglas precisas que protejan todos los ecosistemas del área: costero, monte nativo y cursos de agua.
