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Rechazo a que Equipo Especializado en Violaciones a DDHH quede bajo control de "la familia policial"

Por Georgina Mayo

El Observatorio Luz Ibarburu rechaza la modificación planteada en el proyecto de Rendición de Cuentas con respecto al Equipo Especializado en Graves Violaciones a los Derechos Humanos que funciona en la órbita del Ministerio del Interior. Esa unidad se ocupa desde el año 2013 de la búsqueda de militares y policías que deben ser citados por la justicia penal como indagados y testigos para las distintas causas que investigan crímenes durante la dictadura.


El Observatorio Luz Ibarburu es una institución que asesora a familiares de víctimas de la dictadura. Su responsable, Raúl Olivera, dijo a 25siete que en el artículo 56 del proyecto de ley de Rendición de Cuentas se sustituye el segundo inciso del artículo 93 de la Ley N°19.670 de octubre de 2018. La modificación supone que el Equipo Especializado en Graves Violaciones a los Derechos Humanos pase a depender de los mandos policiales de la Dirección de la Policía Nacional, integrada, entre otros, por la Dirección de Información e Inteligencia.


Esta dependencia es investigada en distintas causas judiciales que aún se tramitan. Hasta ahora estaba bajo las órdenes de Asuntos Internos, que depende directamente del Ministerio del Interior.


Olivera relató que si bien esta intención de que el Equipo Especializado esté bajo las órdenes de la propia policía estuvo en administraciones anteriores, esto “nunca se llegó a concretar porque manifestamos nuestra oposición” y agregó que “ahora es distinto porque ya hubo procesamientos de efectivos de la Guardia Republicana y otros policías, que hasta ahora no se habían concretado”.


Consultado si las nuevas generaciones de policías acaso no permiten pensar que puedan no entorpecer búsqueda de policías y militares indagados por la justicia o de testigos de las causas, respondió que es muy difícil pensarlo de esa manera porque “aún existe la familia policial”.


El Equipo Especializado fue creado en 2013 por resolución del Ministerio del Interior, a iniciativa del Observatorio Luz Ibarburu y con el apoyo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. El objetivo fue dotar al Estado uruguayo de una herramienta que contribuyera al cumplimiento de lo establecido por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman y el artículo 1° de la Ley Nº 18.831, que reestableció la pretensión punitiva del Estado.


Una de las condiciones era que este Equipo Especializado no dependiera de la conducción de los mandos policiales.


Raúl Olivera agregó que es grave que “el cumplimiento de los cometidos que la ley le asigna al Equipo Especializado en Graves Violaciones a los Derechos Humanos quede en manos de los mandos de dependencias policiales que actualmente están siendo objeto de indagatorias por sus eventuales responsabilidades en los crímenes del pasado reciente”.


Dijo que además ahora debe tenerse en cuenta el espionaje en democracia de los servicios de inteligencia, que muestran la inconveniencia de la iniciativa comprendida en el artículo 56. “La policía se dedicó en democracia a vigilar a organizaciones sociales como enemigos”, subrayó.


El Observatorio Luz Ibarburu solicita que se retire del Proyecto de Rendición de Cuentas el artículo 56. Olivera indicó a 25siete que ya hubo reuniones con la Institución Nacional de Derechos Humanos y anunció que se reunirá el martes con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber y al día siguiente con la Comisión de Derechos Humanos de Diputados.

Publicación original: 08/08/2021