#TerrorismoDeEstado - Fiscalía tiene identificados hechos, víctimas y victimarios en 140 causas
Por Georgina Mayo
El fiscal especializado en violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, Ricardo Perciballe, dijo que no tiene expectativas sobre que los militares que son indagados por la justicia al momento de declarar reconozcan los hechos y puedan aportar otros datos de interés sobre las causas.
En diálogo con Radio Fénix y 25siete, el fiscal Perciballe dijo que las 140 causas que investigan distintos hechos durante la dictadura -que van desde abuso de autoridad contra los detenidos, homicidios y desapariciones-, ya se completaron desde el punto de vista de su investigación. “Esto significa que la fiscalía ya tiene determinado cómo ocurrieron los hechos, los presuntos responsables y quiénes fueron las víctimas”.
“Ahora resta conocer el fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre las excepciones de inconstitucionalidad y de prescripción presentadas por la defensa de los militares indagados en esas causas para luego seguir con los pedidos de procesamiento que correspondan”.
También existen unas 10 causas que se tramitan con el actual Código de Proceso Penal y que se encuentran “en distintas etapas, de hecho cuatro de ellas ya están en etapa avanzada”, añadió el fiscal.
Perciballe respondió sobre los obstáculos principales con los que se encuentra a la hora de investigar. Casi la totalidad de los indagados niega los hechos -dijo el fiscal- pero nosotros sobre esas declaraciones no tenemos mayores expectativas porque “nos basamos en pruebas testimoniales y documentales que se cruzan para luego realizar las imputaciones”.
El fiscal agregó acerca de los recursos presentados han desacelerado “la actuación de la justicia y que han sido absolutamente excesivos: es lo que ha demorado en gran parte estas investigaciones”.
Consultado sobre si espera que la Corte pueda declarar en forma anticipada su posición de oponerse a la prescripción de las investigaciones y de los delitos durante la dictadura, Perciballe dijo que la máxima autoridad judicial “ha tomado distintos mecanismos para intentar acortar tiempos y ha adoptado resoluciones anticipadas en excepciones de inconstitucionalidad y también ha sancionado a algún profesional por los mecanismos dilatorios planteados pero no se ha avanzado con la celeridad que deseara el ministerio público”.
