Una muralla derribada

Por Crysol

Haber logrado que más de un centenar de represores de la dictadura haya sido juzgado, procesado y/o formalizado es un inmenso logro de la sociedad democrática uruguaya.

Este hecho no puede ser pasado por alto ni tampoco minimizado. Han sido juzgados como corresponde en un Estado de Derecho. Han gozado de todas las garantías del debido proceso. Se les ha tolerado, una y otra vez, las múltiples artimañas dilatorias. Al cabo de muchos años de movilización, se ha logrado destrozar la muralla de impunidad. La impunidad fue acordada con ellos, en su momento, por sectores de la derecha uruguaya y los dueños del poder.

La declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad por parte de la Suprema Corte de Justicia en octubre del año 2009, el pronunciamiento de la Corte Interamericana de DDHH en febrero del año 2011, Sentencia Gelman vs Uruguay, el restablecimiento de la pretensión punitiva del Estado mediante la aprobación de la Ley 18 831, fueron pasos decisivos y fundamentales.

Es cierto. No han recibido el castigo que merecerían por la cuantía y la gravedad de los delitos cometidos, por el daño y el dolor ocasionado. Hubo y hay, grandes dificultades con el máximo órgano del Poder Judicial. La justicia ha sido demasiado lenta. Por eso mismo, tampoco se les ha podido aplicar la tipificación penal propia de las normas de derechos humanos. Los que cumplen sus penas lo hacen en centros de detención con las debidas condiciones, que en la realidad uruguaya son excepcionales. Muchos, con edad avanzada y enfermedades, lo hacen en sus casas. Gozan del beneficio de la prisión domiciliaria propio de un sistema democrático.

Mintieron y nunca colaboraron con la justicia

Los árboles no deben impedirnos la visión del bosque: a pesar de lo acordado con los dueños del poder y sectores de la derecha al comienzo de la transición democrática, a pesar de la Ley de Caducidad, a pesar de las décadas transcurridas, de las amenazas, bombas, trampas legales y extorsiones de todo tipo, un contingente numeroso de criminales del terrorismo de Estado han sido sancionados penalmente. Un inmenso logro. Una enorme satisfacción.

Por encima de todo: una auténtica lección práctica con vistas al presente y al futuro para todas y todos los integrantes de las Fuerzas Armadas: los golpistas, los apropiadores, los asesinos, los torturadores, los violadores, los represores, más tarde o más temprano, serán juzgados y condenados.

A lo largo de todos estos años mintieron descaradamente en todos los foros y en todos los ámbitos. Aunque durante más de 20 años disfrutaron de las garantías otorgadas por la Ley de Caducidad, ninguno dio muestras de arrepentimiento, jamás colaboraron con la justicia y ocultaron, hasta el día de hoy, toda la información relativa a los Detenidos Desaparecidos. Ningún resto, hasta el momento, fue localizado por información proveniente de los detenidos.

Siendo personas adultas terminarán con sus pobres vidas en prisión. Como corresponde. No es venganza como vocifera el encubridor de Gavazzo, el general retirado Guido Manini Ríos: es justicia, básica y elemental justicia en un Estado de derecho.

Con todos estos pronunciamientos judiciales y con los próximos, aún existen muchos represores sin haber sido imputados,  no hemos acabado con la impunidad. Lo tenemos claro. Pero Uruguay es un país más justo y más democrático, donde los terroristas estatales, los peores criminales en la historia, terminan no solo repudiados socialmente sino, fundamentalmente, sancionados penalmente, con sus huesos en prisión.

La movilización popular fue decisiva

No se hubiera alcanzado sin la movilización y el apoyo del movimiento sindical, del Pit Cnt,  de los cooperativistas, de Fucvam,  de la FEUU, de decenas de organizaciones sociales y de sectores políticos de avanzada que gravitan fuertemente en la realidad uruguaya. Es un inmenso logro al cual nosotros como Crysol hemos contribuido enormemente.

Como colectivo organizado estuvimos y estamos seriamente comprometidos con la libertad y la democracia. La investigación, el esclarecimiento  y la sanción de las graves violaciones a los derechos humanos es el camino de la verdad, de la justicia, de la debida reparación, de la afirmación democrática y de evitar que esos crímenes vuelvan a ocurrir. Para afirmar la democracia. Por el bien de todas y de todos.

Publicada: 06/12/2024