VIH-SIDA: piden al ministro de Defensa Nacional ajustarse a la nomativa nacional e internacional
Actualizado: 19 abr 2021
Cuestionan práctica discriminatoria, estigmatizante e ineficiente para prevenir la infección.
Diversas instituciones, organizaciones y personalidades de la academia y la sociedad emitieron un comunicado en respuesta a las expresiones públicas del ministro de Defensa Nacional, el médico Javier García, a través del diario “El País”, lo que fue recogido por 25siete en una crónica anterior.
La respuesta, firmada por Zaida Arteta (Udelar), Mariana Guirado (SMU), Enrique Cruz (Asociación Enrique Pérez Morat), Liset Collazo (Compañeros de las Américas), Laura Pérez y María José Fraga (Red de personas con VIH), Celso Saredo y María José Hernádez (Asociación de Ayuda al Seropositivo), Omar Pressa (Red de Fronteras), José Tarica (Usuarios del Seic), Leonardo Ferreyra (Red Uruguaya de Personas Positivas), Mauricio Sosa (MasVIHdas), Lilián Abracinskas (MYSU), Juan Cordero (PIT-CNT), Colectivo Ovejas Negras y Maureen Brenson (ICW), exhortaron a que Defensa contribuya con “la voluntad nacional demostrada por el mensaje del video del Día Nacional de Respuesta al VIH elaborado por el Ministerio de Salud Pública, la CONASIDA, UNFPA y ONUSIDA, de alcanzar un país libre de estigma y discriminación”.
Señalan que “considerando que el tema ha sido planteado públicamente por el propio Ministerio de Defensa, pedimos que se ajuste a la normativa nacional e internacional eliminando urgentemente de los requisitos para acceder a la profesión militar, la exigencia de hacerse el test del VIH, en tanto esta práctica es discriminatoria, estigmatizante y totalmente ineficiente si se trata de prevenir la infección”.
El documento hecho público el día de hoy indica que “desde hace muchos años se plantea por parte de la sociedad civil organizada, academia, Ministerio de Salud y organismos internacionales, la necesidad de eliminar el test de VIH, como requisito para ingreso laboral en cualquier tipo de empleo y particularmente en los ámbitos relacionados con las fuerzas policiales y militares”.
Señala que “solicitar el test para acceder a una oportunidad laboral es una práctica estigmatizante, discriminatoria y que genera mucho daño a las personas, no solo desde el punto de vista concreto de no acceso laboral, sino como una forma de violencia social, que es hoy la consecuencia más importante determinada por este tipo de prácticas sin sustento de ninguna evidencia científica nacional o internacional”. Al respecto, recuerdan que hace más de una década la ONU y la OIT recomiendan "no exigir pruebas de detección obligatorias del VIH con fines de empleo, incluyendo explícitamente a las fuerzas armadas y otros servicios uniformados". Al respecto, celebran que en 2015 el Ministerio del Interior haya eliminado el requisito.
Cuestionando la postura del Ministerio de Defensa, único integrante de la CONASIDA, que defiende la exigencia de este test para ingresar a las Fuerzas Armadas, señala que “los avances en el conocimiento permiten, desde hace muchos años, colocar a la infección por VIH como una afección crónica, que con el correspondiente tratamiento y seguimiento no es impedimento para que las personas VIH positivas desarrollen cualquier tipo de actividad laboral, incluyendo la profesión militar”. Agrega que “hay múltiples argumentos de índole biológica y clínica que apoyan que con tratamiento antirretroviral y controles adecuados, la presencia del VIH no es impedimento para ninguna actividad laboral, dado que no constituye un riesgo para la persona ni para el resto de los trabajadores o la sociedad”.
El pasado 1 de octubre el ministro García le comunicó al subsecretario de Salud y presidente de CONASIDA, José Satdjian, que su cartera se retiraba de la comisión, en espera de una “retractación”. Ello, en aparente alusión a los dichos de algunos miembros de la comisión en una sesión del mes de agosto. La molestia sería con la representante de la Udelar, Zaida Arteta, a la que le achacan haberles dado una clase magistral sobre la enfemerdad y al representante del PIT-CNT, Juan Cordero, a quien atribuye haber incurrido en “destrato” y “burla”.
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