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Voluntad anticipada para internar adictos: sin apoyos

El proyecto de ley ha recibido fuertes críticas desde el gobiero, la academia y las sociedades científicas.

La Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Diputados tiene a estudio un proyecto de ley por el que toda persona que “padezca de una adicción a cualquier tipo de drogas, en el momento de plena lucidez (…) podrá expresar su voluntad de ser sometido a una internación para recibir un tratamiento de desintoxicación, rehabilitación, y reinserción social para cuando se encuentre bajo los efectos de su drogadicción”. Establece que "la internación para recibir el tratamiento de desintoxicación, rehabilitación y reinserción social (...) será preceptiva por un mínimo de tres meses y por hasta seis (6) meses a criterio de los profesionales médicos tratantes y renovable por hasta seis (6) meses más, ante una nueva expresión de voluntad". El proyecto señala que esa manifestación “tendrá plena eficacia aun cuando la persona se encuentre luego bajo los efectos de su adicción o en estado de incapacidad por tal razón”. Acceso al proyecto de ley completo.

La iniciativa legislativa, que lleva la firma de la diputada colorada por Colonia Nibia Reisch, no conforma al gobierno, la academia ni las sociedades científicas, según surge de las manifestaciones de las delegaciones que fueron invitadas a exponer su punto de vista en la comisión parlamentaria.


El Secretario General de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radio, fue categórico al señalar que “uso problemático de sustancias tiene una etiopatogenia multifactorial, multicausal, y por eso no es tributario de soluciones simples; las soluciones también son complejas y no valen las apelaciones a soluciones mágicas para resolver el consumo problemático de sustancias”. Cuestionó al proyecto porque “la internación por sí sola no es más que la incorporación de una persona a un centro en el que permanecería aislada o recluida”. Recordó que “tenemos muchos usuarios problemáticos de drogas internados compulsivamente, hoy, en este país, básicamente, las personas privadas de libertad; muchos de ellos son usuarios problemáticos de drogas y están internados compulsivamente, lo cual define que de ninguna manera la internación compulsiva resuelve el problema. Lo único que hace es sacar el problema de la calle, nos saca el problema de delante de los ojos, pero no lo revuelve”. “Establecer tratamientos mediante una norma jurídica no parece ser una resolución favorable para ninguna patología”, señaló.

Por su parte Luis Villalba, expuso en la comisión parlamentaria la postura conjunta de todas las cátedras, las sociedades científicas de psiquiatría (tanto de adultos, como de niños y adolescentes, de Montevideo y del interior ) y el Sindicato Médico del Uruguay. Dijo que “no hay una única estrategia que pueda resolver todas las necesidades de los pacientes con uso problemático de sustancias, y en cada caso es importante tener en cuenta: el nivel de dependencia y sus implicaciones clínicas, el grado y características del apoyo familiar y social de que se dispone, la etiología de los conflictos desde una perspectiva biopsicosocial, la entidad del deterioro físico, psíquico y social, y la comorbilidad médica y psiquiátrica”. Aseguró que “la internación es solo un instrumento con indicaciones y rangos de eficacia definidos; el abordaje completo requiere aproximaciones a la medida del paciente y su entorno. Si no hay cambios en la estructura de la situación, el retorno a la cotidianeidad llevará a la repetición del problema”.

El Ministerio de Salud Pública, expresó a través del director nacional de Salud Mental, Horacio Porciúncula, que compartía las posturas expresadas por la Junta Nacional de Drogas y la Sociedad de Psiquiatría. Agregó que la ley de salud mental, votada por unanimidad en la anterior legislatura, es aplicable para las adicciones y que esa norma plantea “que el consumo problemático de sustancias psicoactivas, en tanto su naturaleza es multidimensional, será abordado en el marco de las políticas de salud mental”. Además, cuestionó que el proyecto ley establezca la internación con un mínimo de tres meses. Aseguró que “la afectación mental está dada con relación específica al consumo excesivo y la intoxicación. La intoxicación de la sustancia es lo que enajena, pero luego de seis o siete días se va el efecto de la droga y la persona funciona normalmente”. Y agregó que “esto que firmó por tres meses en definitiva se convierte en una privación de libertad”.

La ex directora del Portal Amarillo, Susana Grumbaum, cuestionó que “si estamos atendiendo a un usuario problemático de sustancias -como dice el proyecto- que se encuentra en un buen estado anímico, que está calmo, no parece la mejor propuesta invitarlo a que, cuando se descompense, se deje caer en manos de otros para ser atendido”. Agrego que “desde el punto de vista técnico o profesional yo no puedo decirle al usuario: ‘Esta es la medicación, estas son las indicaciones, y me firma para internarlo cuando se descompense’. Lo que yo tengo que lograr en ese momento es adherirlo tanto al tratamiento, como para que no sea necesario llegar a esa instancia”.

El director de la cátedra de Medicina Legal, Hugo Rodríguez, cuestionó que el proyecto hable de “voluntad anticipada” y señaló lo que se propone “sería manifestar la voluntad de querer ser tratado en el futuro, con un tratamiento que nadie propuso y que no está indicado”. Agregó que lo “único que se establece es la internación que, en realidad, no es un tratamiento, sino un lugar en el que se puede plantear un tratamiento”. Consideró que recabar la voluntad de internarse sin expresar cuál sería el tratamiento merece objeciones desde el punto de vista médico- legal y del consentimiento informado”. Señaló que la Ley Nº 19.529, de Salud Mental, reglamentada por Decreto 226/018 regula exactamente cómo se realizan esas internaciones involuntarias, que ya estaban reguladas desde 1936. Indicó que hay instrumentos legales “que permiten manejar esas situaciones; no digo resolverlas, porque hay situaciones muy complejas que no se van a resolver con la ley actual ni con ninguna otra, porque no todo puede resolverse en base a legislación”.

Todo indica que la iniciativa no superará las instancia parlamentaria de aprobación en la Comisión de Salud Pública de Diputados.

Publicaciòn original: 29/09/2020

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