#EnFamilia - Pacto entre Cabildo y Lacalle Pou enviará a su casa a los criminales de lesa humanidad
Por Georgina Mayo
El proyecto de ley presentado en principio por Cabildo Abierto (CA) y apoyado con modificaciones por parte del Partido Nacional da el visto bueno para la prisión domiciliaria preceptiva a personas procesadas mayores de 70 años, extremo que beneficiará a militares condenados y procesados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Este es el cambio más destacado del proyecto de ley presentado por CA que originalmente establecía que el beneficio de la prisión domiciliaria existiera para reclusos que tuvieran 65 años en adelante.
El proyecto de ley se encuentra a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado.
El director del Observatorio Luz Ibarburu, Raúl Olivera, dijo a Radio Fénix y 25siete que “se trata de un retroceso porque se intenta igualar los delitos comunes que cometen ciudadanos comunes con los condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura que actuaron como agentes del Estado y que utilizaron el aparato del Estado para cometer esos delitos”.
Pero además del proyecto de ley que hará preceptiva la prisión domiciliaria para mayores de 70 años, “debe analizarse la intención general que maneja la coalición de gobierno y Cabildo Abierto que es atacar los tardíos avances de la justicia penal en esta materia”. Olivera agregó que “existe un intento de ponerse delante de esos avances porque este proyecto impone que también sean beneficiados no sólo los militares que ya están condenados, sino quienes sean procesados en el futuro”.
No es un paso tímido sino un paso largo -continuó Olivera- porque se plantea resolver el futuro de los procesados que aún restan resolver en las causas que se investigan. “En la exposición de motivos del proyecto original se fundamenta en base a cuestionar leyes como la de la creación de la fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad -aunque la Suprema Corte de Justicia ya fijó posición sobre su constitucionalidad-, se coloca a espalda a las resoluciones internacionales, resalta la ley de reparación de víctimas de los actos cometidos antes de 1972 y reivindica la anulación de la ley que dejó sin efecto la ley de Caducidad.
El director del Observatorio Luz Ibarburu dijo que “la agenda de Cabildo Abierto con relación a estos temas está abierta y debería ser objeto del sistema político analizar el conjunto de los asuntos que están en juego porque lo que se manifiesta es una resistencia general a los avances de la justicia penal”.
Acerca del proyecto de ley que convierte en preceptiva la prisión domiciliaria de los reclusos mayores de 70 años y que apunta a beneficiar a los militares condenados y los futuros procesados por violaciones a los derechos humanos, Olivera dijo que “se trata de una señal que desvaloriza el Nunca Más que se suma a la pasada gran desvalorización que existió cuando no se investigaban estos hechos y ahora que existe el trabajo de la justicia quedará acotada por estos proyectos que igualan las víctimas y victimarios”. Olivera dijo que “debe haber una señal por parte de los estados democráticos de que hay delitos que no son iguales a los que cometen los ciudadanos comunes y que son delitos de lesa humanidad perseguibles en cualquier parte del mundo”.
La propia Convención sobre Desaparición Forzada establece -relató Olivera- atenuantes para el castigo para esta clase de delitos pero es cuando el reo aporta determinada información que genera un avance en estos temas y aporta en los esclarecimientos de las causas y que implica un arrepentimiento. “Pero acá los militares siguen manteniendo un silencio no sólo acerca de dónde están los desaparecidos sino con relación a cuál fue su participación dentro del Estado para orquestar el Plan Cóndor.
“Si se leen la mayoría de los expedientes y las declaraciones de militares indagados por violaciones a los derechos humanos no se encuentra un militar procesado que esté arrepentido y que tenga algún interés en colaborar con el esclarecimiento de las causas”.
