Familias del asentamiento Nuevo Comienzo: a la calle o a la prisión
Por Georgina Mayo
Algunas familias del asentamiento Nuevo Comienzo deberán retirarse del predio de Santa Catalina a pedido del fiscal Diego Pérez y por orden de la jueza Jeannette Olivera. Sólo unos pocos podrán vivir en cooperativas de FUCVAM. Los demás no tienen plan B.
Luego de emitida la resolución del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU que estableció en febrero -como informara en febrero 25siete- que “en carácter provisional y urgente el Estado uruguayo debía detener los lanzamientos o brindar una vivienda de emergencia”, se sumó la respuesta del Comité del Derechos del Niño de Naciones Unidas.
En la comunicación, el Comité indica que Uruguay ratificó el protocolo por el que se pueden presentar denuncias. Preguntó, además, si los habitantes del asentamiento podrían contar si las autoridades de Uruguay los han escuchado, si los jueces y fiscales los han recibido y si han obtenido alguna propuesta.
El responsable del consultorio jurídico de la Facultad de derecho de la Udelar, Juan Ceretta, quien representa legalmente a las familias del asentamiento Nuevo Comienzo, dijo a 25siete que, una vez recibida la comunicación de Naciones Unidas, lo siguiente fue “asegurarnos que Cancillería notificara a todas las instituciones del Estado, porque la ministra de Vivienda Irene Moreira, dijo públicamente que no estaba enterada de nada”. La Cancillería notificó de la resolución al Ministerio de Vivienda, la Intendencia, Fiscalía y Poder Judicial. El fiscal Diego Pérez, quien en 2020 adelantó al diario El País que investigaba grupos narcotraficantes detrás de la ocupación de Santa Catalina, dijo a La Diaria en febrero que no tendría en cuenta la resolución de ONU.
Esa arista de la investigación anunciada por el fiscal pasó a las fiscalías de especializadas en Estupefacientes que, hasta ahora, no pudieron verificar el extremo señalado por Pérez.
“No se sabe dónde irán”
Ceretta relató a 25siete que dialogaron con la Suprema Corte de Justicia para ponerlos al tanto de las comunicaciones de Naciones Unidas. La Corte envió comunicaciones a los juzgados penales que tenían causas del asentamiento, pero el miércoles el fiscal Diego Pérez volvió a ordenar a la Policía conducir a las familias que ya habían sido formalizadas. Ceretta subrayó que “la jueza actuante decidió también ignorar la resolución de ONU”, lo que dejó a la gente ante la disyuntiva de abandonar el terreno antes del 4 de abril o ser enviada a prisión. El abogado precisó que, por ahora, “esa es la situación de cinco familias que ya tenían procedimientos judiciales iniciados” y que no sabe “qué pasará con el resto”. El representante legal indicó que estudia solicitar medidas en juzgados civiles o de familia, además, de denunciar el incumplimiento de Uruguay en ONU Ceretta relató que habían “logrado conseguir cupos en la escuela de Santa Catalina y en el Caif para todos los niños”. El terreno sobre el que se formó el asentamiento Nuevo Amanecer está abandonado desde hace 70 años. De igual manera los propietarios del bien reclamaron ante la justicia penal su ocupación.
